• Dependencia federal informa a diputados avances de las estrategias Crezcamos Juntos y Afíliate
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) comunicó a la Cámara de Diputados que en el país, y por primera vez desde 2010, se presenta una tendencia descendente en la informalidad, alcanzando el nivel más bajo desde 2005, derivado de la estrategia Crezcamos Juntos y del programa Afíliate.
Argumentó que al 31 de diciembre de 2017, el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) se integraba por cuatro millones 975 mil 385 participantes activos; esto es, 5.7 por ciento más que lo matriculado en 2016 y 28 por ciento superior a los registrados para 2013 en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.
En el reporte, publicado en la Gaceta Parlamentaria, la SHCP, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aclaró que “la información final aún se encuentra en proceso de depuración y validación; sin embargo, hay datos preliminares de esas acciones”.
Por lo que compete a los servicios brindados a los contribuyentes, particularmente a los que aceptaron una entrevista o se les dejó una carta invitación y fueron a algún módulo, se les realizaron 9 mil 608 trámites, detalló.
Los trámites y servicios brindados en campo y módulos fueron inscripciones al RFC, actualización de obligaciones y de actividad económica, cambio de domicilio, apertura de establecimiento, generación de contraseña y opinión de cumplimiento, entre otros.
Se logró inscribir, de manera directa en campo, a dos mil 212 contribuyentes del RIF y se ratificaron datos de localización de 51 mil 505 más, con lo que quedaron en aptitud de solicitar los beneficios de Crezcamos Juntos. “Esta edición del programa presenta un mínimo histórico en el costo promedio por unidad económica visitada de 377 pesos”, comentó.
Para este 2018, continuó, se está en pláticas con las entidades federativas para llevar a cabo el programa Afíliate, y se analizará con las demás instituciones la implementación de las medidas adicionales, una vez concluido el proceso electoral federal, que limita acciones de difusión de programas gubernamentales.
Así respondió la SHCP a un acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, el pasado 24 de abril, donde se le solicitó difundir ampliamente los beneficios de la estrategia “Crezcamos Juntos” a los pequeños y medianos comerciantes del país.
Los legisladores expusieron que se trata de hacer atractiva la formalidad, partiendo de tres principios: combate a la informalidad, innovación y comunicación. Sus beneficios son: acceso a la salud y seguridad social para el dueño del negocio, familiares y empleados; pensión para el retiro; créditos hipotecarios; descuentos en el pago del ISR; apoyos económicos para los pequeños empresarios; crédito para empresas y empleados, y acceso a los programas de capacitación y productividad.
Argumentaron que alrededor de 28 millones de mexicanos laboran en el sector informal de la economía nacional, lo que conlleva no solo el freno y la disminución de la productividad, sino graves estragos en el bienestar de los trabajadores y sus familias. Dicho sector representa alrededor del 57 por ciento de la Población Económicamente Activa, la cual genera una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB).
En el documento, la SHCP destacó que se han creado sinergias entre el gobierno federal, los estatales y municipales, para buscar con los ciudadanos que necesitan incorporarse a la formalidad, un modo para acceder a los beneficios que el Estado puede ofrecerles, y apoyarlos para que lo hagan, inscribiéndose en el RIF.
La tarea mediante el programa Afíliate es ir a los centros de trabajo de las personas y promover su inscripción al RIF; brindarles orientación para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y comunicarles de manera eficiente los beneficios de su incorporación a la economía formal, contenidos en Crezcamos Juntos.
Indicó que en estas visitas no se trata sólo de inscribir, sino de orientar, pero, sobre todo, hacer un esfuerzo por que los potenciales contribuyentes, y los más de cinco millones que ya están inscritos, conozcan de forma personalizada y específica los beneficios con los que cuentan y accedan a ellos. Con ello, se extiende la protección a los derechos fundamentales de las personas que realizan alguna actividad en el sector informal, mejorando su calidad de vida y la de muchas familias.