En conferencia de prensa, ofrecida en la Ciudad de México, representantes de organizaciones campesinas e indígenas propusieron al nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente electo de la República, la realización de una Mesa Indígena y Campesina sobre la nueva Política Pública en materia forestal para romper con la inercia de que las políticas públicas se diseñan solo con la participación de funcionarios y algunas “élites participativas”, a pesar de que en el caso forestal, la mayor parte de los bosques son propiedad de ejidos y comunidades.
Los representantes de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF), de la Red indígena de Turismo de México (RITA), de la Unión de Ejidos Hermenegildo Galeana y de la Cooperativa Ocote Real de la Sierra Norte de Puebla indicaron que en las comunidades forestales hay una gran entusiasmo por los resultados de la jornada electoral del 1º de julio; que hay una expectativa sobre la política que va a impulsar la nueva administración y también un gran interés en participar en el diseño de la misma.
También señalaron que dentro de la sociedad rural, las comunidades forestales regularmente son las más alejadas de las cabeceras municipales y de los principales centros de población y enfrentan mayores barreras para la participación en políticas públicas que les afecten de manera directa, lo cual provoca que sean marginadas en estas discusiones y coyunturas.
Gustavo Sánchez, Presidente de Red MOCAF indicó que el periodo de transición es una gran oportunidad para la unidad y la inclusión y para que el equipo de transición pueda convocar a un espacio de participación donde las organizaciones indígenas y campesinas forestales puedan presentar sus propuestas y contribuir al diseño de la política en la materia. Indicó que hay importantes coincidencias entre las propuestas de las organizaciones campesinas con los documentos que en materia de medio ambiente diera a conocer el equipo ambiental del virtual presidente electo, destacando particularmente el fortalecimiento de la participación ciudadana como un derecho humano fundamental.
Por su parte, Ricardo Campos, Presidente de RITA precisó que la apertura y la relevancia que el virtual presidente electo ha dado a la agenda de los derechos indígenas en los días recientes abre la posibilidad de que se puedan fortalecer los mecanismos para que el ejercicio de derechos como el de la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe sea observado, respetado y promovido por las distintas dependencias de gobierno, agregó que actualmente se enfrentan muchas resistencias entre los servidores públicos cuando se solicita ejercer este derecho por lo que se requiere que en la nueva administración se capacite tanto a los funcionarios como a las organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio de este y otros derechos.
Por su parte, Joaquín Núñez de la Unión de Ejidos Hermenegildo Galeana señaló que las organizaciones a nivel local y regional van a jugar un papel fundamental para un ejercicio de información, retroalimentación y sistematización de propuestas sobre una nueva política forestal que, entre otras cosas contemple mayores oportunidades de producción forestal sustentable que incluya la participación de los jóvenes y las mujeres.
Los representantes de las organizaciones indicaron que entre los temas fundamentales de esta mesa, deberían estar: el fortalecimiento de la participación ciudadana y la participación plena y efectiva de ejidos y comunidades en la definición de las políticas y programas forestales; la urgente reactivación de la producción forestal sustentable y de las redes de valor; la atención a la amenaza de la madera ilegal que inunda el mercado y destruye los bosques; el diseño de una nueva política de áreas naturales protegidas que respete los derechos de indígenas y campesinos; la optimización del presupuesto para impulsar una nueva política de plantaciones y reforestaciones productivas, así como la revisión de la ley forestal recientemente aprobada para impulsar la reforma inmediata de los artículos que representan un retroceso en materia de derechos para pueblos indígenas y comunidades locales, como son los relacionados con la biodiversidad, con los recursos biológicos y los recursos genéticos forestales.
Finalmente señalaron que a la actual administración le demandan concluir con responsabilidad y con respeto a los derechos de pueblos y comunidades indígenas y comunidades equiparables, las negociaciones sobre la Estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD+), reconociendo que los titulares de los derechos sobre la reducción de emisiones en los bosques son los dueños y poseedores de los bosques que acepten participar en estas actividades. El reconocimiento de estos derechos es fundamental porque deja un precedente hacia el futuro desarrollo de políticas climáticas, de mercados y de esquemas de compensación.
También demandaron que esta administración abra la posibilidad de que la población de los ejidos y comunidades dueñas de los bosques conozcan el contenido de la nueva ley forestal y participen con propuestas en la elaboración del reglamento correspondiente.