El grupo parlamentario del PRD aprobó en su reunión plenaria, de dos días, impulsar acciones prioritarias en 11 ejes de trabajo, durante el periodo ordinario de sesiones que inicia el próximo viernes, 1 de septiembre, a fin de enfrentar los grandes temas nacionales.
Entre las prioridades figura impulsar la aprobación de la minuta del Senado sobre Desaparición Forzada, “para atender la tragedia y el sufrimiento que viven miles de familias, muchas veces ante la insultante indiferencia de las autoridades”.
La aprobación de la minuta del Senado en materia de violencia política en razón de género, para revertir la discriminación contra las mujeres por ese motivo.
Respaldar las reformas constitucionales garantistas aprobadas en 2008, el fortalecimiento de los derechos humanos y el juicio de amparo de 2011.
Los diputados perredistas expresaron su coincidencia con la propuesta del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para desaparecer a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI); demandaron un incremento salarial y acordaron presentar la iniciativa para que, al cancelar la CONASAMI, se defina una instancia no burocrática que fije un salario digno.
Indicaron que el PRD no avalará dar permanencia a las fuerzas castrenses en una Ley de Seguridad Interior. “Sin dejar de reconocer el esfuerzo valioso de las fuerzas armadas, el punto de llegada de cualquier reforma debe ser su substitución paulatina por fuerzas civiles”.
Propusieron fortalecer el mando civil mixto, establecido en la minuta del Senado “que el gobierno federal pretende desechar sin presentar argumentos técnicos que lo justifiquen”.
Aseveraron que, para enfrentar la crisis actual, existen disposiciones en la Ley de Seguridad Nacional que, en todo caso, pudieran revisarse para establecer procedimientos y límites a la intervención castrense.
También debe abrirse la discusión de la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional, “que es la adecuada para declarar y enfrentar situaciones de emergencia”.
Rechazaron “la intención de designar al actual procurador General de la República, como Fiscal General, porque lesiona gravemente la autonomía de ésta. La asociación del Ejecutivo con el PRI y sus aliados no cumple, sino que destruye, los mínimos de una designación imparcial”.
Impulsarán reformas constitucionales y legales para garantizar la autonomía de la Fiscalía, como parte básica del combate a la corrupción.
Insistirán en la supresión del fuero a los altos funcionarios, incluido el Presidente de la República, para evitar la impunidad.
Señalaron que no se espera nada novedoso en la presentación del paquete económico 2018, por parte del Ejecutivo, y sostuvieron que demandarán proyectos concretos, para que el gobierno federal ponga orden en las finanzas nacionales y cambie la política económica.
Impulsarán la transparencia, el escrutinio permanente del Sistema Nacional Anticorrupción, la austeridad y la eficacia en el ejercicio del gasto público y la sana relación con el sector privado, en la inversión pública.
Exigirán que no se pretenda trasladar de la federación a las entidades costos originados por la aplicación de la reforma constitucional en materia de justicia laboral, y proponen ajustar la Ley de Disciplina Financiera, a fin de evitar excesos en su aplicación.
También plantearon revisar la Ley de Coordinación Fiscal, para elevar las participaciones y que las entidades disminuyan su dependencia de recursos vía convenio.
Acordaron denunciar y combatir el uso electoral de los programas sociales y de los recursos públicos, y exigieron que se blinde el presupuesto nacional y se impidan acciones facciosas de los delegados federales.
Impulsarán la aprobación de las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico, además de fortalecer la evaluación del impacto al medio ambiente y la evolución ambiental estratégica.
Combatirán los daños ambientales causados por la minería y la explotación de hidrocarburos y expresaron su rechazo a la fracturación hidráulica y los trasvases como sustento de la política hidráulica.
Revindicaron el derecho humano al agua y rechazaron cualquier forma de privatización.
Defenderán la soberanía nacional y los intereses de México en particular con Estados Unidos, así como la integridad de los migrantes mexicanos en aquél país, además de estar atentos a las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).
Se pronunciaron por que en esta relación comercial con Estados Unidos y Canadá, México reoriente su relación política, económica y social.
Los diputados perredistas revindicaron “la necesidad de construir de un Estado democrático igualitario, con poderes y contrapesos democráticos, con autoridades sometidas a la rendición de cuentas, en un marco de equilibrio de poderes”.
