En su participación el diputado Omar Ortega detalló que el servicio que está prestando el transporte público en el territorio mexiquense depende casi en su totalidad de concesionarios, y expuso, que existe un enorme rezago en la tramitación de las prórrogas y cesión de concesiones, lo que tiene entre otras cosas como consecuencia grave que el Estado carezca del control sobre las mismas y desconozca en caso de un accidente quiénes son los sujetos obligados al pago de indemnizaciones.
El legislador declaró como inadmisible el hecho de que el gobierno estatal no tenga conocimiento cierto de quienes operan las concesiones de operación del servicio público del transporte de pasajeros en la entidad, Ortega señaló que dicha situación se ha pretendido solucionar mediante acuerdos Secretariales que han resultado ineficaces ya que no se han atendido las causas que generan tal rezago y en particular la tramitología burocrática que lejos de alentar la regularización ha alentado la irregularidad.
En virtud de lo anterior y de la urgente necesidad de que el Estado posea la suficiente información y control sobre las concesiones, es inaplazable dotar a la autoridad administrativa de los instrumentos que le permitan actuar en el marco de la Ley, siendo por ello que se ha estimado necesario adicionar el artículo 7.20 del Código Administrativo del Estado de México, a efecto de regular en forma clara los casos en que deben darse las prórrogas de concesiones y el excepcional caso de su tramitación extemporánea en atención al interés general.
De igual manera se ha entendido la necesidad de reforma a la fracción III del artículo 7.33 del Código Administrativo del Estado de México, a efecto de establecer con toda claridad la calidad de los cesionarios de los derechos y obligaciones de las concesiones, manteniéndose la sujeción de dichas cesiones por lo que concierne a su validez, a la autorización de la autoridad competente
Por su parte la legisladora Araceli Casasola Salazar presentó la iniciativa para reformar el artículo 28 del Código Electoral del Estado de México en materia de asignación de regidores y detalló que a pesar de que la ley determina de manera muy clara el número de integrantes de cada municipio, la legislación electoral y la ley orgánica no señalan cuál será la información que habrá de tomarse como referencia para determinar el número de integrantes de los ayuntamientos al momento del registro, circunstancia que ha generado consultas al Consejo General del IEEM.
La diputada Casasola Salazar expuso que para dar mayor certeza a partidos políticos y candidatos independientes sobre el número de integrantes que les concierne registrar y con la intención de que las planillas correspondan a la realidad geográfica de los municipios de que se trate y atendiendo en la plena certeza de los resultados del INEGI, se deberá tomar como información del Censo Nacional de Población y Vivienda o el conteo de población según corresponda.