La ONU envió al Senado de la República un oficio en el que expresa su preocupación por las pretensiones del nuevo régimen de gobierno de expandir las bases jurídicas para un mayor uso de la prisión preventiva oficiosa en México.
Dicha práctica, señala el documento de la ONU, ya ha sido identificada como contraria a los derechos humanos, a la libertad y seguridad personal, así como a un juicio justo con debido proceso y garantías judiciales.
Lo anterior fue dado a conocer por Kenia López Rabadán, al participar en la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución.
“Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de la ONU, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cientos de organizaciones no gubernamentales están diciendo: por favor, recapaciten; por favor, piénselo”.
“Y hoy vengo a decirles, a nombre de ellas: por favor atemperemos en este Senado algo que todos queremos y evidentemente es que este país sea seguro, sea justo y no haya por supuesto impunidad, pero no es esta la vía, compañeras y compañeros”.
Apelo a quienes de su vida han hecho un trabajo a propósito de la defensa de los derechos humanos; hoy apelo a quienes inclusive han sido víctimas ojalá y el camino no sea la ampliación de este catálogo, sino efectivamente tener un Estado de derecho en nuestro país, advirtió la senadora del PAN.
Esto ocurrió durante la misma sesión en la que el Senado aprobó como delitos graves, sin derecho a fianza el huachicoleo, el feminicidio, el fraude electoral y la corrupción, entre otras enmiendas al artículo 19 constitucional.
En tribuna Martí Batres declaró que se aprueba la prisión preventiva oficiosa, sin derecho a fianza a quien cometa alguno de los delitos arriba mencionados.
