Por Juan R. Hernández
A fin de robustecer las garantías individuales de los adultos mayores, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en voz de la legisladora Nuvia Mayorga Delgado presentó un proyecto de decreto para que se adicione un párrafo al artículo Cuarto Constitucional.
Ante el pleno de la Cámara Alta, la senadora hidalguense sometió a consideración la iniciativa con proyecto de decreto para establecer el derecho de los adultos mayores acceder de forma integral y equitativa a los beneficios del desarrollo social, económico, político y cultural.
Nuvia Mayorga destacó la necesidad de observar los estándares internacionales como los que contempla la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera que las personas de 60 años y más, son de edad avanzada.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por su parte, estima como adulto mayor a toda persona con más de 65 años para los países desarrollados y 60 para los habitantes de naciones en desarrollo.
“Es importante destacar que el incremento de la población de adultos mayores es nuestro país continuará de forma importante en los próximos decenios”, enfatizó Nuvia Mayorga.
A la vez, expuso que el Consejo Nacional de Población menciona que la vejez resulta ser desenlace de un proceso que atraviesa la población de 60 años en el país, resultado de las bajas tasas de mortalidad y de fecundidad alcanzadas, que han propiciado que la población en su conjunto pueda llegar a edades que anteriormente resultaban difíciles de alcanzar.
Agregó que el envejecimiento poblacional “ya nos alcanzó” y se estima que para 2025, los adultos mayores presentarán el 25 por ciento de la población, cifras que van a oscilar entre 30 y 35 millones de mexicanos.
Actualmente, dijo, se estima que las personas en México tengan una esperanza de vida de 75 años, este hecho representa un desafío mayúsculo, ya que se requiere cuidar y mejorar al máximo su salud y capacidad, por lo que es fundamental atender las implicaciones que traerá para nuestro país en el ámbito social, político, familiar, cultural y económico.
Detalló que el 20 por ciento de los adultos mayores cuentan con seguridad social, mientras que, en promedio el 80 por ciento de sus ingresos lo gastan para medicamentos. “De ahí, desde nuestro punto de vista, se fundamenta incluir un precepto constitucional que permita situar al Estado como garante de la integración y participación de los adultos mayores en las políticas y programas públicos”.
Ello, obliga al Estado mexicano a diseñar y aplicar políticas públicas y programas orientados a la atención de las necesidades y demandas de los adultos mayores, finalizó.
Cabe destacar que la iniciativa con proyecto de decreto para establecer el derecho de los adultos mayores a acceder de forma integral y equitativa a los beneficios del desarrollo social, económico, político y cultural fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.
