Víctimas de la Línea 12 del Metro presentaron un dictamen técnico a los peritajes practicados por el desplome de la Línea Dorada, que permitirá hacer nuevas acusaciones en contra de aquellos funcionarios que tuvieron a su cargo, desde la planeación y proyecto, hasta la construcción, mantenimiento y supervisión de ese medio de transporte.
Dicho análisis evitará que prevalezca la impunidad en ciertos personajes del ámbito público como el caso de Florecía Serranía, ex titular del Metro y también ex Subdirectora de mantenimiento del STC.
Teófilo Benítez, asesor jurídico de 14 víctimas, sostuvo que es una burla que mientras la Fiscal Ernestina Godoy premia a funcionarios por las investigaciones de la Línea 12 del Metro, por otro lado prevalezca la impunidad, pues a casi un año de los hechos no se ha formulado imputación directa a los implicados.
“Nosotros demostraremos con sus propios documentos, con sus propios análisis, que realmente estuvo corta la investigación, que estuvo mal la investigación, que sí está bien hecha la imputación a las personas que ellos tienen ahorita como imputadas, pero se les olvidaron muchísimos más, entonces este peritaje es precisamente de lo que trata es esclarecer los hechos a los ojos de la ciudadanía y en especial de la propia fiscal”.
De este informe, dijo, se obtendrán resultados el próximo 19 de mayo, mismos que serán presentados a la Fiscalía General de Justicia con la finalidad de que se incluyan en la carpeta de investigación los resultados y las imputaciones que deriven de éste.
Respecto a las indemnizaciones que grupo Carso ha entregado a diferentes víctimas, Teófilo Benítez mencionó que es una burla y humillación lo que han hecho y más porque la Fiscalía lo ha avalado e incluso ha otorgado reconocimientos a su propio personal, cuando el caso continúa impune.
Sostuvo que ese acto de supuesta indemnización, lo único que ha hecho es ponerle precio de un millón de pesos a la vida de las personas, que lamentablemente fallecieron por un acto de corrupción avalado desde las altas esferas del poder.
“Nunca ha habido una reparación del daño, imagínense, tal vez para ella sí, para la jefatura de gobierno, ellos dicen que dieron un millón de pesos por una vida, ya le pusieron valor a la vida de una persona, ¿será que la vida de ellos valdrá lo mismo?, ¿esa es su reparación histórica?, un millón de pesos, una vida”, apuntó.
El estudio técnico cuenta con el aval de especialistas en diferentes materias y es un derecho constitucional de las víctimas presentarlo como dato de prueba ante instancias ministeriales y judiciales con el propósito de llegar a “la verdad histórica”.
En su oportunidad, varias víctimas que sobrevivieron al colapso exigieron al Gobierno de la Ciudad y a la Fiscalía que no tolere la impunidad y el despropósito de avalar investigaciones y acusaciones a medias, pues esto no permite acceder a la verdad de los hechos.
Recordaron que este principio, así como el debido proceso y el acceso a la justicia, forman parte del amplio catálogo de los Derechos Humanos que toda autoridad debe respetar , promover y hacerlos valer en todo momento.