La decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, de suspender la aplicación del Plan B de la Reforma Electoral, derivó que el Gobierno de México impugne este suceso, pues consideró que “arrancó hojas a la Constitución” para frenar el Plan B del Instituto Nacional Electoral (INE).
Fue a través de un comunicado, donde el Gobierno de México detalló que no es común que sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante.
“Tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite y, menos aún, había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo”, dice el documento.
También en el comunicado se lee que ante dicha situación, el Ejecutivo federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano, y solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia.
La Constitución solo faculta a la SCJN para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral.
Finalmente, es falso que se pongan en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la organización de las elecciones, ya que no existe ningún proceso electoral federal en curso, por lo que se trata de una resolución injustificada e innecesaria.