“La gente merece respeto y saber en dónde está su dinero”, afirmó la presidenta del PRI en el Estado de México, Cristina Ruiz Sandoval, al denunciar presuntas irregularidades en el manejo de 966 millones de pesos entregados a Valle de Chalco durante 2024, así como contratos cuestionados, plazas no autorizadas y un incremento en el número de asesores municipales.
La dirigente priista sostuvo que estos recursos se encuentran bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y acusó al Ayuntamiento de no presentar la documentación necesaria para comprobar su ejercicio.
“Hoy, después de tantos años gobernados por la mal llamada cuarta transformación, duele que muchas de las necesidades sigan presentes. Y duele todavía más cuando sabemos que los recursos públicos existen”, declaró.
De acuerdo con el señalamiento del PRI, el monto observado corresponde a recursos federales relacionados con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y participaciones federales.
Ruiz Sandoval afirmó que, pese a que el municipio maneja un presupuesto superior a mil 500 millones de pesos, persisten problemas de inseguridad, deterioro de vialidades, falta de servicios y condiciones de pobreza.
“Vemos calles destruidas, sin servicios, inseguridad y pobreza. Morena lleva tres trienios gobernando y no se ve el dinero público”, señaló.
Según las cifras presentadas por el partido, alrededor de 278 mil habitantes, equivalentes al 66 por ciento de la población, viven en pobreza, mientras que aproximadamente 54 mil personas se encuentran en pobreza extrema.
Frente a estas condiciones, el PRI cuestionó que el Cabildo tenga un costo anual superior a 14 millones de pesos en remuneraciones. De acuerdo con su denuncia, el alcalde percibe aproximadamente 1.5 millones de pesos al año, mientras que regidores y el síndico reciben, en promedio, 1.2 millones de pesos anuales.
La dirigencia estatal también aseguró que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) detectó 23 observaciones tras revisar 471 millones de pesos vinculados con el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM).
Entre los señalamientos mencionó obras inconclusas, adjudicaciones directas presuntamente indebidas y pagos sin sustento documental.
Otro de los casos expuestos involucra cuatro contratos de bacheo por 29 millones de pesos, otorgados a una persona identificada como Arturo Navarrete Navarrete, nombre que coincide con el de un vocal del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS).
La coincidencia, señaló el PRI, amerita una investigación para determinar si existe algún conflicto de interés; sin embargo, por sí sola no acredita una irregularidad.
Asimismo, el partido denunció la existencia de 514 plazas presuntamente no autorizadas y cuestionó el aumento en el número de asesores municipales, que pasó de 55 en 2022 a 255 actualmente.
Esta variación representa 200 asesores adicionales y un incremento aproximado de 364 por ciento, con un costo anual que, según la denuncia, asciende a 63 millones 579 mil pesos.
A ello se suman pagos superiores a 16 millones de pesos anuales relacionados con 725 juicios laborales, de acuerdo con la información presentada por la dirigencia priista.
Ruiz Sandoval también cuestionó el destino de los recursos asignados a la atención de las alertas de violencia de género vigentes en Valle de Chalco.
“Llegamos al tema más sensible: detrás de estas cifras hay mujeres, familias y vidas que necesitan protección”, expresó.
Recordó que el municipio enfrenta una alerta por violencia feminicida desde 2015 y otra relacionada con desaparición de mujeres desde 2019.
Según el PRI, desde 2021 se han destinado más de 78 millones de pesos a estas acciones, incluidos 12.8 millones durante 2024. No obstante, sostuvo que existen observaciones sobre la falta de acciones claramente vinculadas con los objetivos de dichos recursos.
La presidenta estatal del partido exigió que se informe el destino del dinero público y que, en caso de acreditarse irregularidades, se sancione a los responsables.
Los señalamientos corresponden a denuncias formuladas por el PRI y no constituyen, por sí mismos, una resolución definitiva sobre desvío de recursos o responsabilidades administrativas y penales.