El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que la prisión preventiva castiga a la pobreza, al detallar que la mayorías de las personas que se encuentran sujetas a este tipo de medida son de escasos recursos.
“Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional”, escribió en Twitter.
El pronunciamiento de Zaldívar se da luego de que el máximo tribunal invalidó la prisión preventiva de oficio establecida para quienes cometen delitos fiscales como defraudación, contrabando y facturación de operaciones simuladas o inexistentes (factureras).
Este lunes durante la sesión del pleno de la Corte, los ministros analizaron las acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores de la oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), contra del decreto del 8 de noviembre de 2019.
La iniciativa contempla los delitos fiscales en el listado de los que merecen prisión preventiva de oficio, se clasificó al catálogo de conductas de delincuencia organizada, se les consideró un riesgo a la seguridad y, en consecuencia, se prohibió la celebración de acuerdos reparatorios y el otorgamiento de criterios de oportunidad a quienes cometan estos delitos.
El proyecto elaborado por el ministro Fernando Franco González Salas propuso avalar la reforma, pero una mayoría de ocho ministros se opuso al considerar que el Poder Legislativo excedió sus facultades cuando extendió la prisión preventiva de oficio a delitos no contemplados en el artículo 19 de la Constitución.
Al emitir su postura, el ministro presidente Arturo Zaldívar recalcó que la prisión preventiva oficiosa viola el principio de presunción de inocencia. “La prisión preventiva oficiosa es abiertamente inconvencional, porque es una sentencia adelantada, es prisión cuando todavía a una persona no se le acredita su culpabilidad”, indicó.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su administración acatará el fallo del Máximo tribunal de justicia del país, aunque expuso que el fallo sigue protegiendo a las minorías castigando a quienes no tienen agarraderas con qué comprar su inocencia, “me parece que no se actuó bien”.