Una jueza de control federal dictó prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otras siete personas imputadas por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocido como “huachicol fiscal”, en una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR).
La medida cautelar fue impuesta tras una audiencia inicial que se prolongó durante más de 24 horas. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que en los próximos días se definirá si los imputados son vinculados formalmente a proceso.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), durante la audiencia se presentaron cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar las imputaciones por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
La FGR sostiene que la presunta organización operaba mediante la importación de combustible desde refinerías ubicadas en Texas y utilizaba las aduanas de Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y Ciudad Camargo, en Tamaulipas, para ingresar el producto al país.
Según la investigación ministerial, el esquema consistía en declarar únicamente alrededor del 10 por ciento de la capacidad real de los carros tanque ferroviarios, lo que habría permitido evadir el pago de impuestos federales como el IEPS, el IVA y el ISR. La Fiscalía estima que este mecanismo ocasionó un daño superior a 4 mil millones de pesos a la hacienda pública entre enero y julio de 2025.
Las indagatorias también vinculan el caso con la empresa Ingemar, S.A. de C.V., de la cual Ruffo Appel es socio. La autoridad ministerial investiga las operaciones financieras de la compañía como parte de la presunta red de contrabando de combustibles.
La investigación guarda relación con el aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible realizado en Coahuila durante julio de 2025. Como parte del caso, la FGR obtuvo 25 órdenes de aprehensión, varias de las cuales ya fueron ejecutadas.
El caso provocó reacciones en distintos sectores políticos. El Partido Acción Nacional (PAN) y la organización Somos MX, de cuyo Consejo Consultivo forma parte Ruffo Appel, solicitaron que el proceso se conduzca con apego al debido proceso y al principio de presunción de inocencia, además de cuestionar la rapidez con la que se ha desarrollado el procedimiento judicial.
Por su parte, el Gobierno de México sostuvo que la investigación comenzó hace más de un año y que corresponde exclusivamente a las autoridades ministeriales y judiciales determinar la responsabilidad de las personas involucradas. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que Ruffo Appel aparece como socio de una empresa bajo investigación y subrayó que será el Poder Judicial quien valore las pruebas presentadas por la Fiscalía.
En tanto, Verónica Ruffo, hija del exgobernador, pidió que el proceso se desarrolle con transparencia y denunció presuntas irregularidades durante la detención de su padre.
Ernesto Ruffo Appel es una figura histórica del PAN al convertirse en 1989 en el primer gobernador de oposición en el México contemporáneo, al ganar la gubernatura de Baja California. Posteriormente fue senador y diputado federal. Antes de su detención había comparecido como testigo dentro de la misma carpeta de investigación y sostuvo públicamente que la empresa relacionada con el caso operaba con permisos vigentes.
La situación jurídica del exmandatario y de los demás imputados se definirá una vez que concluya el plazo constitucional solicitado por la defensa, cuando el órgano jurisdiccional determine si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso.
Conforme al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Ruffo Appel y las demás personas imputadas gozan de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria firme emitida por una autoridad judicial competente.