Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la imposición de prisión preventiva contra ocho personas investigadas por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, dentro de una indagatoria relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
De acuerdo con la institución, durante una audiencia inicial que se prolongó por más de un día, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación contra Ernesto “N”, Ricardo “N”, José María “N”, Guillermo “N”, Juan “N”, Luis “N”, Adriana “N” y José “N”.
Como resultado de la audiencia, el juez de control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva.
Cinco serán internados en el Altiplano
La FGR informó que Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México.
En tanto, José María “N” y Guillermo “N” cumplirán la medida cautelar en sus domicilios debido a problemas de salud, mientras que Adriana “N” fue internada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
Tras la presentación de los argumentos de ambas partes, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en una audiencia posterior cuando el juez determine si los imputados son vinculados o no a proceso.
Investigación por presunto esquema de contrabando
Según la Fiscalía, las detenciones fueron resultado de una investigación desarrollada en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, enfocada en un presunto esquema de contrabando de hidrocarburos.
Las autoridades señalaron que este mecanismo consistía, presuntamente, en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras, reportando menores volúmenes de los realmente transportados o clasificando los productos como mercancías distintas para evitar el pago de impuestos.
La FGR sostuvo que este tipo de prácticas ocasionan pérdidas económicas para el Estado mexicano y pueden favorecer el financiamiento de organizaciones delictivas.
Investigación continúa
La autoridad ministerial informó que el proceso penal continúa en etapa inicial y será el Poder Judicial el que determine la situación jurídica de los imputados una vez concluido el plazo constitucional solicitado por la defensa.
La Fiscalía General de la República recordó que todas las personas imputadas gozan del derecho a la presunción de inocencia y deberán ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.