· Cuando las mujeres participan en negociaciones de pacificación y labores de seguridad, las condiciones de paz son más duraderas.
· Entre 1990 y 2017 las mujeres representaron solo el 2% de los mediadores, el 8% de los negociadores y el 5% de los testigos y signatarios en los procesos de paz en el mundo.
Representantes de organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Instituto Belisario Domínguez (IBD) coincidieron en la importancia de promover la participación de la mujer en los procesos de paz, seguridad y justicia, de forma consistente con diversas recomendaciones aprobadas por organismos internacionales.
Las y los especialistas compartieron sus puntos de vista en el “Seminario Nacional sobre la Resolución 1325 de la ONU y Recomendación 30 de la CEDAW: Seguridad, Justicia y Procesos de Paz para todas las mujeres”, celebrado el 9 de noviembre de 2018 en el edificio sede del IBD.
El evento estuvo moderado por Patricia Olamendi Torres, directora del Instituto de Formación en Justicia y Derechos Humanos, quien sostuvo que laguerra contra el crimen organizado en nuestro país colocó a las mujeres en una posición más vulnerable, al sumarse nuevas expresiones de violencia contra este sector de la población.
El embajador Luis Javier Campuzano Piña, Director General para la Organización de las Naciones Unidas de la SRE, señaló que las mujeres son agentes activos de la paz y recordó que con la Resolución 1325, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en el año 2000, se reconoció por primera vez en el mundo la importancia de la participación femenina en el mantenimiento de la paz y la seguridad global.
El embajador Campuzano refirió que, a 18 años de la aprobación de esta resolución, hoy en día se reconoce a la labor de las mujeres como una condición indispensable para cumplir con los objetivos de la ONU, aunque reconoció que todavía existen pendientes en la materia. Como ejemplo, mencionó que entre 1990 y 2017, las mujeres constituyeron solo el 2% de mediadores, el 8% de negociadores y el 5% de los testigos y signatarios en los procesos de paz celebrados en todo el mundo.
Wendy Figueroa Morales, directora General Red Nacional de Refugios, AC., por su parte, afirmó que es tiempo de construir una agenda colectiva para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el acceso a la justicia, para que estos crímenes dejen de existir en el país.
Al seminario, también asistió Giancarlo Summa, director del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, quien señaló que la violencia contra las mujeres es un problema global que afecta incluso a los países con bajos niveles de criminalidad. Sostuvo que la Resolución 1325 de la ONU fue una resolución histórica porque fue el primer documento formal que exigió a los Estados en conflicto a respetar los derechos de las mujeres, al tiempo que instó a todas las naciones a incrementar la participación de las mujeres en la resolución de los conflictos.
El funcionario de la ONU dijo que la cuestión de género debe reconocerse como componente esencial de los programas para construir una paz duradera, porque cuando las mujeres no participan, las condiciones de paz son frágiles. Para ello, recomendó a México seguir las recomendaciones del Secretario General de la ONU, António Guterres, consistentes en aumentar la participación de las mujeres en la mediación de conflictos, mantener un enfoque de género, aumentar el financiamiento para los proyectos destinados a la igualdad de género, realizar análisis de género e impulsar la participación de la sociedad civil.
Ifigenia Argueta Sánchez, directora para el Mantenimiento de la Paz de la cancillería, afirmó que la Resolución 1325 de la ONU estableció un marco jurídico, político e histórico al reconocer el impacto desproporcionado y singular de los conflictos armados en las mujeres. Expresó que la comunidad internacional es cada vez más consciente de la importancia del papel de la mujer para la recuperación del tejido de paz.En el caso de nuestro país, reveló que desde que se determinó nuevamente la participación del Estado mexicano en las operaciones para el mantenimiento de la paz de la ONU, se ha desplegado a ocho mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas de México en las misiones de paz en Colombia, Sahara Occidental y en Mali. De esta manera, se ha logrado cumplir con el 15% del personal femenino requerido por la ONU a los países contribuyentes.
Rafael Barceló Durazo, director general Adjunto de Política Internacional de Derechos Humanos de la SRE, señaló que México se ha tomado en serio el cumplimiento de las recomendaciones, lográndose transversalizar la agenda de género. En ese sentido, recalcó que algunas de las acciones para atender la Recomendación General 30 de la CEDAW son: el fortalecimiento de los canales de acceso a la justicia, con la incorporación de la perspectiva de género, la creación de capacidades en los sistemas judiciales y de procuración de justicia en materia de género, la generación de datos y estadísticas, así como combatir formas de violencia, entre ellas, la trata de mujeres y niñas o el matrimonio infantil y forzado.
Finalmente, Lorena Vázquez Correa, investigadora de la Dirección General de Análisis Legislativo del IBD, dio a conocer las acciones que el Senado de la República ha emprendido en los últimos años para cumplir con las recomendaciones de la ONU y de la CEDAW, entre las que destacan: la conceptualización del hostigamiento y el acoso sexual, la tipificación del delito del feminicidio, las órdenes de protección para mujeres, la definición del procedimiento para la declaratorias de alerta de género y la reforma política que introdujo la paridad de género.
La investigadora del IBD reveló que tan solo en lo que va de la LXIV Legislatura se han presentado 46 iniciativas en materia de igualdad sustantiva y mencionó que algunos de los retos legislativos pendientes son poner fin a la violencia a la violencia de género, crear políticas de indemnización, tipificar la violencia política de género, fortalecer el empoderamiento de las mujeres rurales, eliminar la brecha salarial, la integración paritaria en órganos públicos, atender la situación de las mujeres en las cárceles, entre otros.
El pasado miércoles 7 de noviembre, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, presentó el libro “El acceso de las mujeres a la justicia. Una visión para transitar a la igualdad de derechos y oportunidades”, en el que senadoras de diferentes partidos políticos saludaron el interés del grupo parlamentario mayoritario del Senado de aprobar leyes y reformas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres.