La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un exhorto para que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) verifique que las aerolíneas informen de manera clara y visible los derechos de los pasajeros.
El punto de acuerdo, impulsado por el diputado Miguel Ángel Salim Alle, busca que la autoridad haga cumplir la normativa vigente ante la falta de información accesible para los usuarios del transporte aéreo.
Durante la discusión, legisladores coincidieron en que uno de los principales problemas es el desconocimiento de los derechos por parte de los pasajeros, lo que limita su capacidad para exigir compensaciones ante situaciones como sobreventa, cancelaciones o pérdida de vuelos.
Desde Morena, diputados señalaron que actualmente no hay una atención efectiva al usuario, ya que en muchos casos no existe un canal claro de respuesta por parte de las aerolíneas, lo que deja a los consumidores en estado de indefensión.
En ese sentido, se recordó que la Ley de Aviación Civil contempla compensaciones en casos de sobreventa, como el reembolso total del boleto o una indemnización adicional; sin embargo, estas disposiciones rara vez son difundidas de forma clara por las empresas.
Legisladores también plantearon la necesidad de avanzar hacia reformas más profundas que actualicen el marco legal frente a nuevas prácticas del sector, como la reventa de boletos o el uso de esquemas de sobreventa.
En paralelo, la comisión aprobó otro exhorto para que la Profeco supervise y, en su caso, sancione a establecimientos comerciales que exijan la revisión de tickets de compra a la salida, práctica que ha generado controversia entre consumidores.
El presidente de la comisión adelantó que solicitará la comparecencia del titular de Profeco para que informe sobre las acciones que se están implementando tanto en el sector aéreo como en otros temas relacionados con la protección al consumidor.
Aunque los exhortos no son vinculantes, reflejan una creciente presión legislativa para que las autoridades refuercen la vigilancia sobre prácticas comerciales que afectan directamente a los usuarios.