El diputado Diego Garrido, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en el Congreso de la Ciudad de México, advirtió sobre los riesgos de la propuesta de Morena que busca prohibir los desalojos en la capital, calificándola como un ataque directo a los derechos humanos y a la propiedad privada.
“Prohibir los desalojos es legalizar el despojo, y eso deja en estado de indefensión a los propietarios que han invertido los ahorros de toda su vida para construir un patrimonio familiar,” denunció Garrido, al tiempo que reiteró que el PAN no permitirá que esta iniciativa sea aprobada.
El legislador afirmó que la propuesta sigue un patrón político de izquierda autoritaria, diseñado para beneficiar a clientelas políticas mediante la legalización de ocupaciones ilegales. Según la iniciativa, en casos de “emergencias”, los inquilinos morosos o invasores de predios no podrían ser desalojados, lo que, aseguró, pone en riesgo los derechos fundamentales de los propietarios.
“La mayoría de Morena habla de garantizar el derecho a la vivienda, pero ¿dónde queda el derecho de propiedad? ¿Qué pasa con los adultos mayores que viven de sus rentas o con los capitalinos que enfrentan invasiones de sus propiedades?”, cuestionó Garrido.
El diputado recordó que iniciativas similares ya han causado problemas en países como España, donde los “Okupas” —invasores de propiedades— obtuvieron mayores derechos que los legítimos propietarios, generando un conflicto social significativo. Garrido subrayó que México no debe seguir ese ejemplo.
Asimismo, señaló que esta no es la primera vez que Morena busca modificar leyes en detrimento de los derechos de propiedad. Recordó intentos previos de eliminar el concepto de propiedad privada de la Constitución de la Ciudad de México, los cuales fueron rechazados.
“Acción Nacional está comprometido con la defensa de los derechos de los ciudadanos y sus bienes. No permitiremos que se atente contra el patrimonio de los capitalinos,” afirmó.
Finalmente, Diego Garrido exigió que Morena retire la iniciativa o que sea desechada en el dictamen legislativo. “Si realmente no quieren legalizar los despojos, deben actuar en consecuencia. La propiedad privada es un derecho que no puede estar en riesgo,” concluyó.