Toluca, Méx. – La diputada Azucena Cisneros Coss, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena presentó en el pleno de la 60 Legislatura, la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana del Estado de México que busca reducir la opulencia, prebendas y dispendios que han caracterizado a la burocracia mexiquense durante décadas, propuesta que reforma diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
“Tal iniciativa propone establecer como principio de actuación del gobierno a la austeridad republicana como un referente obligatorio que oriente la operación de las dependencias, entidades, tribunales de justicia y órganos autónomos del gobierno estatal a fin de que estos pongan en práctica medidas que mejoren el gasto público y hagan efectivo el control y la rendición de cuentas de las y los servidores públicos”, apuntó la legisladora.
La propuesta regula la realización de adquisiciones, la contratación de obras públicas, el establecimiento de límites a las percepciones, obligaciones de transparencia y la sanción por la comisión de faltas administrativas.
Como mecanismo de evaluación, se considera la considera al Comité de Evaluación integrado por representantes de la Secretarías de Finanzas y de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, por el Órgano Superior de Fiscalización y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México, y cada año deberá rendirse un informe anual sobre las medidas de austeridad y el destino de recursos ahorrados.
El incumplimiento de estas medidas de austeridad será observado por los órganos internos de control y sancionado, además considera como faltas administrativas de carácter grave las conductas relativas al nepotismo y la simulación de acto jurídico.
Las y los servidores públicos de mando superior que se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años.
La Ley pone freno a incrementos en conceptos como telefonía celular, fotocopiado, combustible, arrendamientos, viáticos, gastos de alimentación, adquisición de mobiliario, remodelación de oficinas, bienes informáticos, papelería, asistencia a congresos, convenciones y exposiciones.
La diputada Beatriz García Villegas apuntó que la aplicación de la ley quedará en manos de los entes políticos y grupos que no son afines a la política de la austeridad por lo que confió en que se garantice su aprobación para la transformación del estado.
“Esperemos estar a la altura de discutir y aprobar la ley, que el gasto público sea utilizado a favor del desarrollo social y que no nos engañen con la austeridad, y la cual acabará en el bolsillo de una persona o solo en discurso”, refirió la morenista.