El diputado Omar Ortega Álvarez (PRD) propuso que el caso de presunto espionaje gubernamental a periodistas y activistas sea investigado por expertos independientes y no por la Procuraduría General de la República (PGR).
En un comunicado, informó que, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presentó un punto de acuerdo en el que propone que el Poder Legislativo exhorte al Ejecutivo federal a conformar un grupo de expertos.
“Que no sea PGR quien investigue, sino un grupo de expertos independientes, pues además de que no es digna de confianza, no puede ser juez y parte en las pesquisas sobre un ilícito de cuya comisión es presunta responsable”, dijo.
Ortega Álvarez señaló que la PGR, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adquirieron el programa informático de espionaje “Pegasus”.
Dijo que cuatro facturas digitales y un documento interno de la PGR revelan que la empresa “Proyectos y Diseño VME proveyó a dependencias del gobierno federal del programa informático, desarrollado por la compañía israelí NSO Group Technologies LTD.
“Una de las facturas revela que en octubre de 2015 la PGR pagó 145 millones de pesos por una primera actualización; otra, que el gobierno mexicano erogó 344.5 millones más en 2016 para incrementar su capacidad; una más, que la Sedena utilizó un millón 113 mil pesos para hacer lo propio y, finalmente, la PGR pagó 113 millones más para una actualización adicional en 2016”, refirió.
Apuntó que, de acuerdo con las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y Social TIC, con asistencia técnica del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, el gobierno mexicano gastó más de 600 millones de pesos en sólo dos años para actualizar el programa “Pegasus”.
Ortega Álvarez consideró “inconcebible que, en un país con más de 30 mil desaparecidos; los más altos índices de violencia y criminalidad en el mundo, y constantes recortes a educación, salud e inversión productiva, el gobierno utilice el dinero de los contribuyentes a espiar a periodistas, defensores de Derechos Humanos y opositores al régimen”.
Apuntó que “esto no puede seguir y un primer paso para ello es que PGR, Cisen y Sedena informen cómo ejercen los recursos de los contribuyentes que, a través del presupuesto, se les asigna y cuánto del mismo destinaron realmente a la compra y actualización de Pegasus”.