Planteó penas de hasta 12 años de prisión para quienes presenten denuncias falsas por presuntos delitos la diputada mexiquense Leticia Mejía García, al presentar una iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Educación del Estado de México.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional señaló que la propuesta busca proteger la reputación y derechos de las personas, particularmente del personal docente, ante acusaciones sin sustento que puedan derivar en daños personales, laborales y legales.
Durante sesión de la LXII Legislatura mexiquense, Mejía García explicó que su iniciativa también contempla incrementar las multas por daño moral y reparación del daño derivadas de acusaciones falsas, pasando de mil a hasta 5 mil días multa.
La diputada sostuvo que ser falsamente acusado representa un riesgo para cualquier persona, aunque consideró que en el ámbito educativo la situación afecta de manera particular a maestras y maestros.
Por ello, propuso que las autoridades educativas impulsen mecanismos de solución pacífica de conflictos y métodos alternativos de resolución de controversias dentro de las comunidades escolares.
Entre las medidas planteadas se encuentra la creación de protocolos de actuación para atender casos de acusaciones sin sustento, garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso, además de brindar apoyo legal, laboral y psicológico a las personas involucradas.
La iniciativa también propone promover mecanismos de reparación integral cuando las denuncias resulten falsas y fortalecer acciones para proteger el honor, prestigio y labor del personal docente.
Durante la exposición de motivos, la legisladora citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según los cuales en 2021 cerca de 44 por ciento de las personas privadas de la libertad afirmaron haber sido acusadas falsamente o implicadas injustamente en algún delito.
Mejía García argumentó que, aunque es necesario fortalecer la cultura de la denuncia frente a los altos índices delictivos del país, también deben establecerse mecanismos que eviten el uso indebido de herramientas legales con fines de afectación personal.
La propuesta será turnada a comisiones legislativas para su análisis y eventual discusión en el Congreso del Estado de México.