Una iniciativa de reforma constitucional busca fortalecer la protección de jueces y magistrados que atiendan casos relacionados con delincuencia organizada y delitos de alto impacto, incluyendo la posibilidad de reservar temporalmente su identidad pública en situaciones excepcionales.
Ciudad de México, 20 de junio de 2026.- La diputada federal Mary Carmen Bernal Martínez, del Partido del Trabajo (PT), presentó una propuesta para reformar el artículo 94 de la Constitución Política con el objetivo de establecer mecanismos institucionales de seguridad para las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.
La iniciativa plantea que, en casos debidamente justificados, la legislación permita implementar medidas extraordinarias de protección, entre ellas la reserva temporal de la identidad pública de las personas juzgadoras mientras se desarrolla el proceso judicial.
Asimismo, propone el uso de herramientas tecnológicas y protocolos institucionales destinados a garantizar la integridad física, la independencia y el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional.
El documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, argumenta que la delincuencia organizada representa uno de los desafíos más complejos para los sistemas de justicia contemporáneos debido a la capacidad económica, operativa y de intimidación que poseen las organizaciones criminales.
La legisladora señala que, en México, diversos diagnósticos institucionales han advertido sobre estrategias de presión, amenazas y violencia dirigidas contra integrantes del sistema de justicia, entre ellos fiscales, policías de investigación, peritos y personas juzgadoras.
Según la iniciativa, estas condiciones pueden afectar la independencia judicial, particularmente en asuntos donde las resoluciones impactan directamente a grupos criminales con una alta capacidad de intimidación.
Por ello, la propuesta sostiene que el Estado mexicano tiene la obligación de adoptar medidas que permitan a las personas juzgadoras desempeñar sus funciones con libertad, autonomía y sin temor a represalias.
La diputada subraya que la iniciativa no busca limitar el debido proceso ni restringir los derechos de las partes involucradas en los procedimientos judiciales, sino garantizar que las decisiones se emitan bajo condiciones adecuadas de seguridad.
De ser aprobada, la reforma incorporaría herramientas adicionales para fortalecer la protección institucional de quienes imparten justicia en asuntos considerados de alto riesgo para la seguridad nacional.