Para evitar que las personas que sufrieron algún delito en México –como violación, abuso sexual y secuestro– sean revictimizadas a lo largo de los procesos judiciales, al tener que repetir sus testimonios de manera reiterada ante las autoridades, en particular mujeres y menores de edad, el diputado Renato Molina Arias presentó una iniciativa para modificar los Artículos 5, 6, 7, 40 y 115 de la Ley General de Víctimas.
“Quien denuncia revive su propia situación traumática, cuando se le impone nuevamente su rol de víctima e incluso se le lleva a sentirse culpable. Por ejemplo, en casos de violaciones de derechos humanos, el afectado debe repetir detalles de un hecho ante un número indeterminado de autoridades, lo cual se torna aún más grave cuando las víctimas son mujeres o menores afectados por delitos sexuales o violencia familiar”, puntualizó.
El legislador federal de Morena explicó que en amplias zonas del territorio nacional el Estado de Derecho es prácticamente inexistente, sobre todos aquellas donde la violencia criminal y la inseguridad ya rebasaron a las autoridades en delitos como el homicidio doloso, secuestro, desaparición forzada y extorsión. Esto, agregó, se traduce en un mayor número de víctimas y la reiterada violación de sus derechos humanos.
Subrayó que su propuesta tiene como objetivo señalar de forma expresa que las víctimas tienen derecho a la protección de su identidad y datos personales, y vigilar que los medios de comunicación eviten difundir hechos que puedan generar nuevos daños, violaciones o amenazas a su seguridad e intereses, salvo que se cuente con el consentimiento de quien sufrió un delito.
“Es necesario ratificar el trato y respeto a la dignidad y derechos humanos que debe dársele a las personas en situación de víctimas, así como la adopción de diversas medidas para garantizar su seguridad, el bienestar físico y psicológico”.
Molina Arias propuso incluir en dicha Ley el concepto de “victimización secundaria” para definir el proceso derivado del maltrato al que es sometida la víctima por parte del sistema legal. Esto es, apuntó, el daño que experimenta quien a pesar de sufrir el embate de la delincuencia, todavía tiene que enfrentarse a las consecuencias de su interacción con jueces, fiscales, abogados, policías y otros empleados del Poder Judicial.
Añadió que en esa misma línea se colocan los servidores públicos que filtran información sobre las víctimas y las circunstancias del delito, la cual al ser difundida de manera pública coloca a los afectados en situación de mayor vulnerabilidad. “Esto constituye nuevas formas de agresión contra las víctimas, quienes acudieron ante las autoridades en busca de justicia o reparación del daño”.