La diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) presentó iniciativa para tipificar como delito que servidores públicos difundan o filtren imágenes, audios, videos, documentos o información reservada relacionados con hechos delictivos, en particular cuando se trate de homicidios dolosos contra la mujer o feminicidios y quienes hayan sido víctimas de violencia física o sexual.
Con ello, se evitarán violaciones al debido proceso y se salvaguardarán los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, apuntó.
Propone adicionar el artículo 225 Bis al Código Penal Federal para imponer una pena de 6 a 10 años de prisión y una multa de cien a trescientas Unidades de Medida y Actualización, a quien por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, fotografíe, videograve, audiograve, entregue, comparta, revele, envíe y exponga este tipo de material.
Asimismo, transmita, difunda, publique, distribuya, comercialice o intercambie imágenes, audios, videos, documentos o información reservada del lugar de los hechos, del hallazgo, indicios o evidencia de personas que hayan sufrido violencia física o sexual, de cadáveres o parte de ellos o de las circunstancias de la muerte.
La iniciativa busca establecer que estas sanciones se incrementen hasta en un cincuenta por ciento cuando se trate de casos de mujeres, adolescentes o niñas.
El propósito, explicó la legisladora por Jalisco es garantizar una vida libre de violencia contra la mujer en todas sus formas, para construir un Estado de derecho con una perspectiva de género en la procuración de la justicia y combate a la violencia mediática de género y su normalización. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis.
En la exposición de motivos, el documento refiere que se ha incrementado la violencia contra la mujer que atenta contra su vida e integridad corporal.
En el presente año, 2 mil 180 mujeres han sido asesinadas, de las cuales 1616 fueron víctimas de homicidio doloso y 564 de feminicidio. Lo que se traduce en más de 10 mujeres asesinadas al día, de acuerdo, al Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, señala.
La tendencia histórica nacional refleja un aumento sustantivo, ya que de 2015 a 2020, los homicidios dolosos contra la mujer han aumentado en 61.18 por ciento, y los feminicidios, 129.61 por ciento, agrega.
La diputada Pérez Segura planteó la necesidad de un esquema de procuración de justicia con perspectiva de género para evitar que la impunidad prevalezca, porque en 2019, del total de sentencias condenatorias dictadas por homicidios dolosos contra las mujeres el 89.6 por ciento quedó impune, así como, el 51.4 de feminicidios.
Es decir, que sólo 5 de cada 10 feminicidios son castigados mientras que uno de cada 10 homicidios contra la mujer se esclarece, de acuerdo, al Estudio de Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio en México, señaló.
Consideró que la revictimización de la mujer es una de las causas por las cuales el Estado mexicano presenta una ineficacia en la implementación de procesos judiciales que garanticen el acceso a la justicia.
Es una violencia institucional que sufre la víctima por parte de los impartidores de justicia, con nula o inadecuada atención en el seguimiento del caso y sentencia condenatoria; incluso, se busca justificación del acto violento, se pierde de vista a los perpetradores, al proceso y a la propia investigación, concluyó.