Por analizar los códigos penales estatales y establecer un Código Penal Único que ponga orden al caos jurídico que prevalece, se pronunció la diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), integrante de la subcomisión de Feminicidio y Violencia, de la Comisión de Justicia.
En el marco del evento “Diálogos y perspectivas hacia un Código Penal Único. Una visión de género y derechos humanos”, la legisladora urgió a dar coherencia jurídica al tema penal en el país.
“No se puede seguir con distintos tipos penales dependiendo de cada entidad federativa con sanciones distintas”, dentro del Sistema Penal Acusatorio. “Es una oportunidad para que este código deje de ser instrumento de preservación de la cultura patriarcal y misógino y acabar con el populismo.
Queremos un código penal despojado de valoraciones religiosas, que preserve los derechos humanos, limite la capacidad punitiva del Estado, atienda las nuevas realidades y garantice la perspectiva de género”, destacó.
Aseguró que México necesita garantizar certeza jurídica a mujeres y hombres en materia penal. Propuso la creación de un grupo especial en la Comisión de Justicia para crear el Código Penal Único, a fin de conjuntar las propuestas existentes.
“Es importante que la ley sea la misma en todo el país para llevar certeza jurídica”, debido a que el poder punitivo del Estado se concentra en este ordenamiento, de ahí la importancia de construir un Código Penal Único, en coordinación entre la Cámara de Diputados, el Senado de la República y los congresos locales, destacó.
Reconoció que no es un asunto sencillo al prevalecer resistencias naturales bajo la bandera del federalismo. Consideró que el tema que ha impedido diseñar ese marco legal es la interrupción del embarazo, que en su momento deberá analizarse, porque muchas mujeres están a favor de despenalizarlo.
Sostuvo que se tiene una nueva oportunidad para debatir e identificar las opciones de integrarlo a la Ley General de Salud, y en esa medida avanzar en la posibilidad de establecer un Código Penal Único, que se discuta con la ciudadanía y deliberar de forma colectiva para enriquecer la propuesta y perfeccionarla.
La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez, destacó la importancia de consolidar un Código Penal Único para homologar el marco jurídico a nivel nacional, a fin de establecer la tipificación de delitos, como el feminicidio.
Resaltó la necesidad de un enfoque de protección a los derechos humanos para fortalecer el estado democrático y de derecho dentro del sistema de impartición de justicia, mediante la armonización de los códigos penales estatales en un marco de respeto al federalismo.
Comentó la importancia de fijar una ruta de trabajo hacia la construcción de una legislación penal única. Sabemos que existen diferencias y distintos criterios que han impedido que el esfuerzo se unifique; hay ideas diversas y opiniones que obedecen a un carácter regional o cuestiones que se vinculan con cada fuerza política.
Sin embargo, apuntó que la pluralidad del Congreso es el aliciente para construir un marco legal, pese a las diferencias, y encontrar la ruta para configurar una legislación en donde se encuentren representadas todas las opiniones, a través de un diálogo al interior y exterior de la Cámara de Diputados; con foros en las entidades para entender la realidad de cada región, evaluar particularidades y sumarlas al diseño del código único.
Apuntó que debe apostársele a la protección de los derechos humanos, que haga posible tener mejores instrumentos para otorgar justicia con criterios uniformes sobre los bienes jurídicos tutelares, proporcionalidad de la pena, tipificación de delitos y se incorporen diversos tipos penales. Un Código Penal Único puede ayudar a lograr estos objetivos, afirmó.
La diputada del PRD, Guadalupe Almaguer Pardo, secretaria de la Comisión de Igualdad, afirmó que el reto de la Legislatura de la Paridad de Género es construir un Código Penal Único que sirva a todos, en particular a las mujeres, para desarticular la violencia en todos los espacios de su vida. Es una responsabilidad del Estado mexicano que debe garantizarse.
Propuso dejar lo que sí funcionará en los códigos penales estatales y privilegiar la función del Ministerio Público, quien como integrador de las carpetas de investigación requiere un marco legal adecuado que coadyuve a agilizar su trabajo y evitar la confusión.
Asimismo, dijo que los legisladores deben conocer las propuestas de estos impartidores de justicia, porque “en los estados los proveen de un amasijo de código penal con muchas ocurrencias que obstaculizan el buen desempeño de las investigaciones y tienen que lidiar con esas cuestiones”.
La legisladora de Morena, Claudia Pérez Rodríguez, secretaria de la Comisión de Justicia, expresó su acuerdo para crear un Código Penal Único que propicie certidumbre jurídica igual en todos los estados, atendiendo sus necesidades particulares de protección, además de establecer criterios unificados para tipificar los delitos y las penas.
Aparte de crear un instrumento jurídico de esta índole, se tienen que diseñar políticas públicas y tipo penales que sancionen y juzguen con severidad y no sean letra muerta.
Sobre la actividad del Ministerio Público, comentó que se les critica porque su investigación no está bien hecha; sin embargo, muchas veces se les obliga a trabajar dos turnos completos y consecutivos, reciben sueldos bajos en las entidades y carecen de capacitación.
Por Movimiento Ciudadano, la diputada Martha Tagle Martínez, secretaria de la Comisión de Gobernación y Población, sostuvo que “necesitamos un Código Penal Único que identifique cómo el Estado regula y define los delitos que deben ser perseguidos con una clara concepción y respeto de los derechos humanos”.
Es necesario trabajar por este objetivo y no se quede en una aspiración. Hizo votos porque ahora sí avance este proyecto de cara al nuevo enfoque de derechos humanos, se discutan los diferentes tipos penales de delitos y se cumplan, como en el caso del feminicidio, para evitar las dificultades y resistencias al buscar comprobar el tipo penal.
Consideró que el primer problema del país en materia de justicia, radica en la impunidad ligada a la corrupción, vinculado al incumplimiento del estado de Derecho y a la sobrerregulación de las leyes, que exige el cumplimiento de excesivos requisitos que incentivan prácticas ilícitas.
Esto genera que ministerios públicos y jueces no se den tiempo ni tengan las suficientes capacidades para analizar todos los asuntos, provocando la saturación del sistema judicial, que está en mayor riesgo con las recientes reformas constitucionales vinculadas a aumentar los delitos que requieren prisión preventiva.
Ricardo Franco Guzmán, doctor en Derecho y profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, urgió a construir un marco jurídico penal único en México que erradique el caos existente en la tipificación de los delitos, cuya disparidad en los diferentes estados provoca confusión, discrecionalidad y que la impartición de justicia sea desigual.
El también ex subprocurador de la Procuraduría General de la República, aseguró que tras 70 años de actividad profesional ha luchado por implantar un Código Penal Único. Actualmente sólo Estados Unidos, Australia y México, como países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, mantienen el esquema donde cada entidad federativa establece su legislación penal.
Llamó a diputados y senadores a diseñar y aprobar lo más pronto posible esta normativa que unifique la materia penal en el país, para homologar la tipificación de delitos y penas aplicables.
La directora del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos, Patricia Olamendi Torres, enfatizó la necesidad de construir un Código Penal Único que reconozca todos los derechos humanos y el derecho de las mujeres a la libertad, la vida y seguridad.
Señaló que la normativa mexicana aún trata a la mujer como objeto, lo que es indignante y aterrador. Añadió que la ausencia de protección y reconocimiento de las mujeres a una vida libre de violencia y sus derechos humanos ha provocado que en México su ciudadanía sea diferente en función del lugar donde se ubique. “En unos estados se protege y en otros se abandona”, advirtió.
Consideró que hay delitos que deben trasladarse al ámbito administrativo, porque se ha sancionado la interrupción del embarazo como homicidio en razón de parentesco, con 20 años de cárcel, “lo cual es inhumano. Las mujeres en conflicto con la ley viven el abandono cuando las acusan de un delito, pues los juzgadores ni siquiera conocen las normas que deben regir su criterio para aplicar la pena”.
Destacó que hay un gran problema respecto de la ausencia de armonización legislativa y la urgencia de contar con un Código Penal Único, que, además, es recomendación del comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a propósito del último informe de México el año pasado.
El director general del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, Moisés Moreno Hernández, afirmó que es necesario contar con un código penal que se ajuste a los lineamientos constitucionales e internacionales, para tener una orientación político-criminal uniforme y coherente en todo el país.
Resaltó que el ordenamiento debe responder a exigencias de la realidad nacional, del estado democrático de derecho y garantizar el respeto a los derechos humanos, mediante límites precisos a potestades gubernamentales, así como considerar la diversidad sociocultural del país.
A su vez, el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Alberto Nava Garcés, indicó que el Código Penal Único no resolverá los problemas de inseguridad o violencia, pero sí contribuirá a eliminar nichos de impunidad con criterios uniformes que den certidumbre y permitan atender los problemas urgentes.
Indicó que habrá temas que representarán un conflicto entre lo que sí y lo que no se quiere, “pero ya serán cuestiones que deben trabajar los legisladores para contar con una legislación única que contribuya a resolver los grandes problemas del país”.
Propuso que en caso de haber temas que detendrían la unificación de la legislación penal, independientemente de que se esté o no de acuerdo en su posición dentro del código penal, se eliminen y se pasen a las leyes estatales, para no postergar los temas que podrían salir al respecto. “Es buena salida, pero antes de ceder banderas debe haber una discusión para sabes qué queremos”.
Elías Huerta Psihas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, pidió que se tome en serio la responsabilidad de hacer el Código Penal Único que conjunte el fortalecimiento moderno del derecho en el mundo, incorporando tendencias y las mejores prácticas internacionales.
Añadió que es indispensable para cualquier cuerpo normativo, la visión de género, de derechos humanos, e incorporar con un enfoque moderno los delitos de feminicidio, infanticidio, entre otros, “y no darnos el lujo de tener 33 códigos penales, que pase otra legislatura, otro sexenio, otros 20 años sin abordar el tema”.
Afirmó que este tema refuerza el federalismo moderno, como sucedió con el Código Nacional de Procedimientos Penales, y además dará una dosis importante de combate a la impunidad, violencia, inseguridad y corrupción. Propuso eliminar delitos como el aborto, la voluntad anticipada, y cualquier otro que detengan este esfuerzo nacional.
Blanca Ivonne Olvera Lezama, autora del libro “Del acoso #Me Too al Feminicidio #NiUNaMás”, planteó la necesidad de atender los casos de acoso que sufren las mujeres y que no se consideran con seriedad, cuando es agravante de delitos como la violación y feminicidio.
Sobre todo, porque de los 33 millones de delitos, registrados en 2017, sólo 244 mil se refirieron a violaciones y se procesaron 6 mil. Celebró la creación de este código único para abatir el acoso y prevenirlo, además de aumentar las penas que inhiban la violencia de género.