La comisionada del Partido del Trabajo en la Ciudad de México, Magdalena Núñez, solicitó que se endurezca el Código Civil federal y local ante los casos de sustracción de menores con penas que alcancen hasta los 10 años.
Por ello, dio a conocer que su partido apoyará las modificaciones necesarias al Código Civil federal y local “para endurecer las sanciones a quien sustraiga, oculte o retenga a un menor y coadyuvar con la reintegración pronta de los niños a sus hogares”.
La iniciativa, señala reformas a los artículos 366 Quintus y 366 Sextus del Código Penal Federal para elevar la pena hasta 10 años y tipificar el delito de sustracción, ocultismo o retención de un menor de edad por cualquier persona, sea familiar o no del infante.
En el artículo 366 Sextus se pretende incorporar el tipo penal para aquellos parientes y progenitores que cometen dicha conducta; al progenitor se le inhabilitará para el ejercicio de la patria potestad por tiempo de tres a diez años; prevé un agravante para los padres que cometan este delito, puesto que el objetivo es restringir que este tipo de conductas tomen a los hijos para lastimar al otro cónyuge de manera psicoemocional.
“Es necesario que las leyes que se modifiquen, reformen o adhieran nuevas sentencias para al Código Civil Federal y local, tal y como se propuso en la iniciativa que pasaron a la Comisión de Justicia, en la Cámara de Diputados, la cual señala que aquel familiar o tutor que sustraiga, oculte o retenga a los menores, se le impondrá una pena de cinco a diez años de prisión y de quinientos a mil días multa”, aseveró la petista.
Núñez Monreal propuso penalizar también por estas acciones, aun cuando no exista una relación de parentesco, o de tutela y que la pena sea de cinco a 15 años y de 200 a mil días de multa, por violar los derechos humanos de los menores quienes, aunque no sufran un daño físico por parte de sus parientes o familiares, sufren severas lesiones psicológicas.
Expuso que en los últimos años, de acuerdo con el Inegi, miles de familias han padecido problemas en su matrimonio que derivó en el divorcio o la separación, situación que ha vulnerado principalmente a los menores, como es el caso de la Patria Potestad o la Guarda de los mismos.
