“Garantizar el derecho al envejecimiento activo implica promover condiciones que permitan a todas las personas vivir más años con salud, autonomía y participación social plena”, señalaron legisladores del Partido del Trabajo (PT) al presentar una iniciativa para reformar la legislación en favor de las personas adultas mayores.
El Grupo Parlamentario del PT en el Senado propuso modificaciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y a la Ley General de Salud con el objetivo de reconocer legalmente el envejecimiento activo como un derecho y fortalecer las políticas públicas dirigidas a este sector de la población.
La iniciativa fue suscrita por las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Liz Sánchez, Ana Karen Hernández y Yeidckol Polevnsky, así como por el senador Alberto Anaya Gutiérrez, quienes plantean que el Estado implemente acciones preventivas, transversales y progresivas que permitan a las personas mayores acceder a mejores condiciones de salud, autonomía y participación social.
El proyecto contempla reformas a los artículos 3 y 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para incorporar el concepto de envejecimiento activo saludable, digno y con participación social, garantizando oportunidades relacionadas con la salud, la seguridad, el aprendizaje permanente, la integración comunitaria y el desarrollo integral.
Asimismo, propone modificaciones a la Ley General de Salud para que el Sistema Nacional de Salud impulse programas enfocados en preservar la capacidad funcional, cognitiva y emocional de las personas mayores, además de fortalecer la atención geriátrica y la prevención de enfermedades asociadas al envejecimiento.
Los legisladores argumentaron que México enfrenta un proceso acelerado de envejecimiento demográfico que obliga a replantear las políticas públicas. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), el índice de envejecimiento pasó de 12 personas adultas mayores por cada 100 menores de 15 años en 1970 a cerca de 48 por cada 100 en 2020.
Además, se estima que para 2030 las personas adultas mayores representarán aproximadamente el 15 por ciento de la población nacional, lo que incrementará la demanda de servicios de salud, seguridad social y sistemas de cuidados.
La propuesta también pone atención en la denominada feminización del envejecimiento, fenómeno derivado de que alrededor del 56 por ciento de las personas mayores en México son mujeres, muchas de las cuales enfrentan condiciones de vulnerabilidad debido a trayectorias laborales marcadas por la informalidad o una menor participación en el mercado de trabajo formal.
Los promoventes destacaron que las personas mayores deben ser reconocidas como sujetos plenos de derechos y no únicamente como beneficiarias de programas asistenciales, por lo que consideran necesario impulsar mecanismos que favorezcan su inclusión social, económica y cultural.
De aprobarse la iniciativa, el concepto de envejecimiento activo quedaría incorporado en el marco jurídico nacional como un derecho orientado a garantizar que las personas mayores puedan vivir con mejores condiciones de salud, autonomía, bienestar y participación dentro de sus comunidades.