La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República.
El decreto fue expedido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador el pasado 14 de mayo.
En el documento se indica que entre los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública está erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia.
Expone que el abandono de la procuración de justicia a partir de 2006, la descomposición institucional y la falta de probidad de muchos servidores públicos, tienen efectos desastrosos para la funcionalidad de las corporaciones de seguridad pública, las instituciones encargadas de la procuración y las instancias judiciales responsables de impartirla.
Destaca que para conseguir la impunidad a cualquier clase de infracción es suficiente con elevar el monto del cohecho a las autoridades, con la protección del compadrazgo o el amiguismo, con la pertenencia a redes de complicidad e intercambio de favores.
Agrega que el narcotráfico a gran escala, la fuga de capos de los penales, el robo de gasolinas, el lavado de dinero, el tráfico de armas y varios otros ilícitos no se podrían perpetrar sin el contubernio estructurado de funcionarios públicos.
“Si se pretende resolver exitosamente los fenómenos de delincuencia la delincuencia común y la delincuencia organizada es indispensable erradicar la corrupción de la administración pública en todos sus ámbitos”, sostiene.
Es indiscutible que la impunidad florece gracias a la corrupción y que ésta termina desarticulando todo esfuerzo del Estado en el combate al delito.
Agrega que la supresión de las prácticas corruptas, que es el propósito más relevante de este gobierno, tendrá, por sí misma, un efecto positivo en la reducción de los índices delictivos”.
Advierte que debe impedirse por todos los medios legales a asociación entre delincuencia y autoridad.
Explica que con base en la reciente reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, que incorpora diversos delitos, sin duda es otro paso más en un esfuerzo compartido entre el Poder Legislativo y Ejecutivo para sentar las bases en el combate eficaz contra la delincuencia.
Esta incorporación constitucional de delitos de mayor impacto, sin duda detendrá en buena medida “la puerta giratoria” de personas que entran al sistema de justicia penal y la percepción de impunidad que tiene la sociedad.
Por otra parte, el combate al lavado de dinero es una prioridad de la presente Estrategia. “Mediante el uso de la inteligencia financiera, se combatirá al crimen organizado como un sistema económico, es decir, en su fortaleza económica.
El documento afirma que con el apoyo del Congreso de la Unión se promoverán las acciones legislativas, operativas, orgánicas, presupuestales para consolidar una unidad policial especializada en la investigación de lavado de dinero (Guardia de Finanzas) y se orientará a la Policía Cibernética a la plena operatividad.
En general, se enfatizará la capacitación y actualización en el uso de nuevas tecnologías.
Se fortalecerán, asimismo, los mecanismos para detectar y sancionar conforme a derecho las diversas modalidades de evasión fiscal, una práctica que causa graves daños al erario y reduce severamente el margen del gobierno para procurar el bienestar colectivo.
El documento reitera que la Cámara de Senadores analizará la Estrategia con la finalidad de evaluar anualmente el progreso respecto al cumplimiento de los objetivos y el avance en las estrategias establecidas en la misma.
Lo anterior, para en su caso fortalecer la Estrategia que a consideración de esa colegisladora contribuyan a lograr los fines y resultados esperados en materia de construcción de paz. El decreto fue enviado al Jefe del Ejecutivo federal por el Senado de la República el pasado 25 de abril y fue expedido por el Presidente de la República el pasado 14 de mayo.