Luego de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS) demandó la reinstalación de un médico cesado por denuncias de acoso y abuso sexual en la Clínica Especializada Condesa, donde se brinda atención a personas diagnosticadas con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), la diputada Ernestina Godoy Ramos hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad de México y a la Procuraduría General de Justicia capitalina a garantizar la protección de las víctimas y el castigo al responsable.
“Pedimos a las autoridades capitalinas la implementación del protocolo de protección de las víctimas; que se brinde acompañamiento, información, seguimiento y acceso a la justicia; la reparación del daño y garantía de no repetición”, subrayó.
A través de un Punto de Acuerdo, explicó que el pasado 20 de octubre un grupo encabezado por el dirigente de la Sección 18 del SNTSS ocupó por la fuerza el Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH, ubicadas en dicha Clínica, para demandar la reinstalación del galeno, la destitución de la directora de esa instancia y la expulsión de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos de las personas con VIH.
Derivado de ello, hizo un llamado al SNTSS, que dirige el diputado Marco Antonio García Ayala, para que se deslinde de la defensa sindical del médico cesado tras las denuncias presentadas por las víctimas de acoso y abuso sexual.
“Consideramos que el sindicato se equivoca al defender y demandar la reinstalación del médico acusado, ya que esto pone en riesgo la prestación del servicio, vulnera el derecho a la salud y genera un clima de hostigamiento para los usuarios de la Clínica Especializada Condesa”.
La legisladora federal de Morena exigió a las autoridades capitalinas que también implementen las acciones necesarias para evitar la repetición de esas conductas, así como garantizar la prestación ininterrumpida de los servicios en dicha Clínica, con pleno respeto a los derechos humanos.
Asimismo, pidió a la Procuraduría General de Justicia capitalina y a la Contraloría General que investiguen las denuncias de acoso y abuso sexual por parte de servidores públicos en los servicios de salud pública, y establezcan las responsabilidades penales y administrativas.
Señaló que estos delitos son inadmisibles en cualquier ámbito, pero que se agravan cuando se producen en el espacio destinado a proporcionar servicios de salud esenciales para la vida, como ocurre con la Clínica Especializada Condesa. “Constituye un delito tipificado por la legislación penal y particularmente sancionado cuando la persona agresora es un servidor público y utiliza los medios o circunstancias que el encargo le proporcione”.
En ese contexto, dio a conocer que un millón 800 mil personas contrajeron la infección de VIH el año pasado en todo el mundo y que México ocupa el segundo lugar en América Latina en cuanto a número de infecciones.
“En México, el CENSIDA informa que alrededor de 190 mil personas viven con VIH y las nuevas infecciones que se habrían producido en el año alcanzarían las 7 mil 500 personas; la última información disponible (2014) registra cuatro mil 763 fallecimientos. En la Ciudad de México residen alrededor del 17 por ciento de las personas que viven con VIH en el país. Más de dos terceras partes de ellas tienen entre 25 y 49 años de edad”.