El Instituto Nacional de Formación Política de Morena realizó un foro en la explanada de la alcaldía Gustavo A Madero para explicar la Iniciativa de reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar el Poder Judicial.
Como ponentes participaron Federico Anaya, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en Ciencias Políticas; así como Brisa Gallegos, enlace distrital de Morena en la GAM; y como invitado participó el alcalde electo en Gustavo A Madero, Janecarlo Lozano.
Durante su ponencia, Federico Anaya detalló que el sistema de justicia se ha desvirtuado y únicamente funciona para las personas que pueden pagarlo.
Aseguró que la propuesta elaborada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que se discutirá a partir del primero de septiembre es llevar a cabo elecciones populares para elegir a jueces, magistrados electorales y ministros de la Suprema Corte, para tener un Poder Judicial más cercano al pueblo.
La Reforma al Poder Judicial indica que los ministros deben ser elegidos en las urnas, primeramente el Senado deberá verificar que los candidatos cumplan con los requisitos de ley y el INE organice la elección, cómputo de votos y anuncio de los resultados.
“En este mismo sentido se pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté compuesta por 9 ministros y no por once como está en la actualidad, al mismo tiempo deben tener un salario menor al que percibe el Presidente de México, es decir 174 mil pesos”.
“Actualmente cada ministro percibe un salario mensual de 297 mil 403 pesos”, dijo Federico Anaya.
Durante su participación, el alcalde electo en Gustavo A Madero, Janecarlo Lozano, aseguró que la justicia es para las personas con solvencia económica, pues las autoridades judiciales despachan sentencias a favor de intereses privados y no de la ciudadanía en general.
“Tan solo en el 2024 hubo 258 mil criterios de este tipo, de los cuales solo 13 son en materia del derecho al agua, 30 del derecho a la vivienda, 70 sobre el derecho a la educación y muy orgullosamente, la suprema Corte dice que protege derechos humanos, a la democracia y a la justicia social con sus 195 criterios sobre el derecho a la salud”.
“La jurisprudencia no es para el pueblo, es para quien puede pagarla, a ello se suma que un ministro retirado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le cuesta al pueblo de México un total de por lo 27 millones 200 mil pesos anuales, aunque la ley dice que nadie puede ganar más que el Presidente, ellos son los primeros en violarla”, dijo Janecarlo Lozano.
Por su parte, Brisa Gallegos, aseguro que la Reforma Judicial eliminará las pensiones vitalicias para los ministros y reducirá sus cargos de 15 a 12 años y serán renovados cada tres años en las elecciones federales ordinarias.
