Con 34 mil 475 Personas Privadas de su Libertad (PPL), que significa sobrepoblación en los 23 Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Estado de México, incluyendo el de Adolescentes, hay hacinamiento, problemas de salud pública, falta de medicamentos para atender a los internos y en muchos de los casos abusos de las autoridades penitenciarias, violando de manera flagrante los derechos humanos.
Espacio donde prevalece la corrupción y las autoridades penitenciarias están más que rebasadas, pues existe la complicidad con los distintos esquemas de gobierno en la entidad, todo empieza desde que se tiene el contacto directo con las PPL y hasta el propio secretario de Seguridad, sin dejar de lado la responsabilidad que conlleva el gobernador.
Así lo manifestó Ariel Juárez Rodríguez, presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, al señalar que no son solo los directores de los penales quienes tienen el control, pues también hay responsabilidad de esos custodios que permiten todo este tipo de situaciones.
Por ejemplo, dijo, si se suscita una riña y hay heridos o muertos, no hay responsabilidad ni intervienen los custodios, ya que las autoridades son testigos de estas situaciones y son cómplices.
En el marco de la reunión de trabajo de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, presidida por el diputado Gerardo Ulloa Pérez, se inició el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo II Ter, delito por autoridad penitenciaria, delito por la integridad y la vida corporal del Código Penal del Estado de México, que presentó el diputado Ariel Juárez a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, con el fin de fincar responsabilidades a las autoridades penitenciarias.
Al respecto, el legislador Juárez Rodríguez detalló que el objetivo de la iniciativa de reforma al Código Penal busca hacer valer lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en las fracciones V y VII del artículo 20, en materia de garantizar la integridad física de las PPL y el respeto a los derechos humanos, buscando eliminar los abusos de las autoridades penitenciarias y cobros que realizan, que son conocidos, aunque los nieguen.
Aseveró que la corrupción y autogobierno, permite que en los dormitorios existan las llamadas “madres”, “mamás”, quienes le dan la garantía del director del reclusorio de controlar a los demás internos, en los dormitorios que hay, otorgar privilegios, prebendas y facilidades dentro de la cárcel.
Acciones realizadas bajo la complacencia de custodios, jefe de la aduana, jefe de turno, subdirector, del director, del subsecretario del Sistema Penitenciario y del propio secretario de Seguridad, por eso urge acabar con esta complicidad entre las autoridades penitenciarias y quienes controlan realmente el centro penitenciario, son quienes dan garantía a las PPL que tienen a su cargo los dormitorios, que no haya motín, alguna situación anormal o de falta de control.
