El Grupo Parlamentario del PRI, que coordina el diputado René Juárez Cisneros, rechazó el resultado de la consulta pública, realizada el fin de semana pasado y convocada por el Presidente de la República, sobre la construcción de una planta cervecera en Mexicali, Baja California, y que se traduce en su cancelación.
En un comunicado, subrayó que cancelar el proyecto representa la pérdida de 2 mil empleos directos que se habrían de generar y una “grave afectación” a la economía de la región, dado que se consideraba una inversión de más de mil 400 millones de dólares.
“No podemos pensar que los empleos se pueden sustituir con programas sociales; lo que se requiere es crear las condiciones de certeza y confianza para que los inversionistas vengan a México”, expresó.
Asimismo, lamentó que el Gobierno Federal haya descartado ofrecer estímulos fiscales al sector privado para hacer frente a las consecuencias de la emergencia epidemiológica del Covid-19.
“Frente al tsunami económico que se avecina, hemos decido tirar los salvavidas al mar. Estamos cancelando la inversión, violentando el Estado de derecho y orillando a las empresas a lanzar a sus trabajadores a la calle, mientras el resto del mundo hace exactamente lo contrario”, manifestó la bancada.
Anunció que presentará un punto de acuerdo para que se establezcan amplias medidas económicas en favor de los trabajadores, el comercio en pequeño y las empresas, en concordancia con lo que se está haciendo en otros países.
“Coincidimos con el Presidente de la República que ante la inminente crisis económica que enfrentará el país, y que podría provocar el decrecimiento más importante en 25 años, debemos proteger a la población más vulnerable. Pero para combatir la pobreza se requiere de la inversión, los empleos y los impuestos que generan las empresas; cancelar proyectos y retirar apoyos sólo contribuirá a un mayor empobrecimiento de la población”, apuntaron los diputados priistas.
Indicaron que el proyecto de la cervecera, en Mexicali, contaba con todos los permisos establecidos en la ley, y con su cancelación “se le está diciendo a los mercados y a los empresarios del mundo que no vengan a invertir a México, que no hay ninguna certeza jurídica”.
Refirieron que, en marzo del año pasado, el Instituto Estatal Electoral de Baja California resolvió improcedente la solicitud de plebiscito sobre la construcción de la planta cervecera en esta ciudad; no obstante, el Gobierno Federal decidió intervenir para cancelarlo. “Ahora seremos los mexicanos quienes pagaremos los costos de la indemnización por la detención del proyecto”.
El Grupo Parlamentario del PRI lamentó que las consultas públicas sólo tengan una orientación política y funcionen como mecanismos de propaganda para discriminar a empresarios.
“No ha habido el mismo rasero para los proyectos del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, mismos que iniciaron su construcción sin contar con permisos ni estudios de impacto ambiental. No sólo se trataba de su viabilidad financiera, sino que rompieron todas las normas que otras empresas han cumplido y han tenido que cancelar sus proyectos, como también sucedió con el Metrobús en la región de La Laguna”, indicó la bancada.
“Cualquier proyecto requiere que los grupos sociales, como los campesinos en este caso, sean tomados en cuenta y que se garantice que puedan seguir teniendo acceso al agua necesaria para sus cultivos, pero ello no implica la cancelación de proyectos que benefician a la población de esa región del país”, finalizó.
