En el foro “Perspectivas de la iniciativa ciudadana para la Reforma del Sistema Pensionario”, la diputada Araceli Damián González (Morena) se pronunció por recuperar el modelo solidario de ahorro y de otorgamiento de pensiones, así como cambiar el rol del Estado sobre la seguridad social y su responsabilidad subsidiaria en la garantía del derecho a una vejez digna.
“Si ha sido posible rescatar bancos, nos preguntamos por qué no es viable el rescate fiscal de las pensiones para que se capitalice el sistema y fondeen las principales prestaciones asociadas a la seguridad social incluyendo la salud”, añadió la presidenta de la Comisión de Seguridad Social.
Resaltó que lo que está en juego es tener servicios de salud, cobertura y que la gente deje de vivir en la precariedad. “Estamos cerca de conseguir una transformación y una de las medidas será la capacidad que tenga quien quede en el poder de rescatar las pensiones, de darles un giro solidario, que sea un instrumento de redistribución y de una justa ayuda y contribución para todos”.
Mencionó que este tema es uno de los grandes desafíos que tiene el país, en el corto y mediano plazo, por lo que “es preocupante que prácticamente no se haya hablado sobre pensiones en el actual proceso electoral, el cual definirá de forma decisiva el rumbo de la nación en los próximos seis años”.
Damián González subrayó que el foro debe servir para interpelar a los principales candidatos a la presidencia de la República, para que incluyan en la agenda política y electoral el tema de las pensiones.
Argumentó que el sistema de cuentas individuales “no sólo es un fracaso sino una masiva estafa colectiva: ninguna de las supuestas virtudes que fueron predicadas para legitimar su imposición se ha corroborado, la sostenibilidad es un engaño y el incremento de la inversión nacional jamás se ha acreditado; sin embargo, sí ha sido probado de forma indiscutible el carácter antisocial, individualista y regresivo del modelo de las Afores”.
“Es evidente que el actual esquema implica menos cobertura, una merma en las prestaciones, pensiones más precarias, más pobreza en la vejez y un incremento en la desigualdad social. Es un deterioro significativo del bienestar social para las y los pensionados y las generaciones de los trabajadores venideras”.
María Arias Vargas, presidenta de la Sociedad Activa del Centro Histórico Intergeneracional “SOACHI A.C”, se pronunció por una reforma en el sistema pensionario de las Afores, pues el vigente degrada la calidad de vida de los trabajadores, vuelve vulnerable a la población de adultos mayores, va en contra de la esperanza de vida y viola los derechos humanos.
Relató que las Afores no entregan una pensión de jubilación, solo dan el dinero que un trabajador ha ahorrado por un determinado tiempo. Estos recursos son manejados por el sistema bancario de una manera poco ética, además de que los bancos se quedan con los rendimientos, cobran altas comisiones y transfieren todo el riesgo de las pérdidas al trabajador.
De acuerdo con la Constitución, expresó, se establece la obligación de las autoridades de garantizar los derechos humanos, entre estos el de la seguridad social y, cuando se viola, la autoridad debe realizar la reparación. También, se determina que la seguridad social debe cubrir, entre otros rubros, la jubilación, centros vacacionales para recuperación, así como tiendas económicas, “las cuales se están perdiendo”.
Arias Vargas destacó la importancia de lograr un salario mínimo, que satisfaga de manera plena todas las necesidades de un trabajador y de sus dependientes económicos, y así pueden tener acceso a una buena calidad de vida. “Esto sería un salario justo y equitativo, ya que también deberá reducir al mínimo las diferencias provocadas por las situaciones de cada persona, tales como ubicación geográfica, condición física, familiar, social y de salud”.
Relató que en la actualidad, a pesar de que la gente puede acceder a un trabajo denominado formal, el salario mínimo lo rige y es una herramienta para limitar los ingresos del empleado; por el contrario, obtener un empleo informal no permite tener acceso a la seguridad social. “Ambos conllevan una menor calidad de vida y como evidente consecuencia de un salario empobrecido, es imposible ahorrar dinero y ante la falta de seguridad social, se tiene que sacar del bolsillo para adquirir un medicamento”.
Israel Covarrubias González, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, dijo que “el actual sistema de pensiones profundiza el estado endémico de exclusión y de desigualdad; y el problema es que el Estado mexicano se ha vuelto contractual, donde entran actores de diversos tipos a la confección de las políticas y en la toma de decisiones”.
Consideró que los desafíos son la precarización de los mercados laborales; servicios públicos de baja calidad -infraestructura, bienestar y protección social-, y una doble hipoteca, del presente de los pensionados y de los futuros pensionados. Propuso tener creatividad para resolver problemas e innovación para alimentar el campo jurídico, el desarrollo político y económico. Además, crear una nueva jurisprudencia en el campo de las pensiones.
Asa Cristina Laurell, exsecretaria de Salud del Distrito Federal, indicó que actualmente el costo de las pensiones para el gobierno es de 523 mil 300 millones de pesos, y cada año se va a incrementar. Subrayó que el seguro médico para pensionados explica casi todo el déficit del seguro médico del IMSS y muchos no van alcanzar las mil 200 semanas, ni siquiera 500 semanas para tener derecho a los servicios médicos.
Estimó que se debe tener una pensión universal para todos los mayores de 65 años del orden de un salario mínimo. Asimismo, resaltó, la necesidad de realizar un análisis riguroso del actual sistema para determinar quiénes tendrán derecho a una jubilación y a través de qué sistema; cuál es el porcentaje de personas que no tienen acceso ahora y plantear posibles soluciones a los problemas del monto de las futuras pensiones así como su peso en las finanzas públicas.
María Ascensión Morales Ramírez, secretaria ejecutiva del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM, planteó un sistema integral y solidario, con una pensión universal. “Debemos tener el sistema de reparto pero conjuntamente con el de capitalización con un ahorro mínimo. “No que sea el sistema de capitalización la base y donde se arriesgue el futuro del trabajador”.
Planteó que la administración de este pequeño componente de capitalización, tendría que ser administrado por una instancia estatal para evitar que las afores convenzan a la gente de cambiar, con total desconocimiento y perjuicio de sus cuentas individuales.
Agustín Antonio Montiel Pineda, miembro del Frente Norte de Trabajadores Activos y Jubilados del IMSS de la Ciudad de México, mencionó que en 2014 para las afores y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) resultó exitoso recaudar y usar los fondos de pensión de los trabajadores. De acuerdo con ese organismo deben reformarse los sistemas, pues el 81 por ciento de los trabajadores con cuentas individuales en las afores han cotizado un promedio de 500 semanas y con ello no obtendrá una jubilación digna.
Señaló que a la iniciativa privada, la Consar y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) les preocupa el envejecimiento, el aumento de esperanza de vida y, por tanto, el número de jubilados y pensionados así como el costo de las nóminas de éstos, las cuales aumentarán paulatinamente.
El asesor jurídico del sindicato unitario de trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, Abelardo Cuellar Delgado, destacó que proponer una iniciativa ciudadana al Poder Legislativo “sería una parte de la tarea a realizar por las organizaciones civiles, ya que se deberá enfrentar la privatización de la seguridad social, sobre todo cuando 50 millones de mexicanos no cuentan con este servicio”.
“Si pensamos que con el simple hecho de elaborar una iniciativa ciudadana y traerla a este recinto legislativo es todo, se equivoca, esto sería sólo una parte; lo otro es incrementar el número de personas conscientes de la trayectoria de privatización de la seguridad social que enfrenta nuestro país”, precisó.
En su turno, Pedro Ponce Bello y José Joaquín Loaiza Guzmán, miembros de la Comisión Coordinadora del Movimiento de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados del IMSS “15 de agosto, A.C”., señalaron que una de las demandas de los trabajadores es regresar al sistema pensionario de reparto, solidario e intergeneracional de beneficios definidos.
Asimismo, reformar la Ley del Seguro Social de 1997 en lo que se refiere al Sistema Pensionario de Capitalización Individual de Contribución Definida y la Ley del ISSSTE de 2007 en el mismo sentido, así como abrogar la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro y eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores) y a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Para ello, precisaron que se deben definir las propuestas de las organizaciones involucradas y presentar una iniciativa integral con todas las demandas de los trabajadores, a fin de recuperar el total de los fondos de la cuenta individual administrada por las Afores y la subcuenta de retiro en edad avanzada y vejez; “actualmente las Afores manejan más de 60 millones de cuentas individuales”, agregaron.
El foro fue organizado por la Comisión de Seguridad Social, la sociedad SOACHI, el Comité Ejecutivo Nacional de la Coalición de Jubilados y Pensionado “Profesor Elpidio Domínguez Castro” AC, el Movimiento de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados del IMSS “15 de agosto A.C”, y el Frente Norte de Trabajadores Activos y Jubilados del IMSS, Ciudad de México.
