Existe una percepción generalizada sobre que el sistema de justicia en nuestro país presenta deficiencias importantes; sin embargo, se requiere evidencia más específica acerca de qué aspectos funcionan o no y qué ajustes se requiere implementar, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El estudio titulado “Dimensiones para la evaluación de los sistemas de justicia”, escrito por la investigadora Perla Carolina Gris Legorreta, apunta que, a propósito del paquete de reformas al Poder Judicial presentado en febrero pasado en el Senado, cobra relevancia insertar, dentro de esta discusión, los mecanismos que pueden contemplarse para evaluar distintas dimensiones de las acciones que se propone implementar en el marco del sistema judicial.
En ese sentido, la investigadora subraya que vale la pena reflexionar sobre la continuidad y aprovechamiento de los elementos del Modelo de Evaluación de la Consolidación que se puso en marcha para la instrumentación de Sistema de Justicia Penal.
Debido a que la propuesta de la Corte plantea tanto reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como a leyes secundarias, es importante identificar el alcance que tendrá la evaluación de esta reforma en su conjunto, es decir, sobre qué dimensiones de la reforma se centrará su evaluación, señala la investigación.
Por otro lado, se apunta que, dada la multiplicidad de temas que aborda esta propuesta de reforma es indispensable que, de aprobarse, cada una de las instituciones encargadas de la implementación de estas acciones contemple los requerimientos de información necesarios para, en su momento, evaluar dichas acciones.
Un punto adicional que valorar es la pertinencia de que, a partir de esta reforma, se promueva la institucionalización de mecanismos de evaluación diseñados específicamente para el Poder Judicial, considerando las ventajas y desventajas de que estos ejercicios sean realizados internamente o a través de una instancia fuera de esta esfera.
Asimismo, es importante considerar que la incorporación de instrumentos de evaluación, en cualquier contexto, demanda esfuerzos de generación de capacidades institucionales que deben considerarse antes de promover su institucionalización.
En días pasados, el senador Ricardo Monreal Ávila anunció que presentaría una iniciativa para implementar la figura de “jueces sin rostro”, con el fin de preservar el anonimato de los jueces que revisen casos relacionados a delincuencia organizada y corrupción de altos funcionarios públicos, una propuesta que podría formar parte de la discusión de la reforma al Poder Judicial.
