La Cámara de Diputados emitió la declaratoria tras aprobación de la mayoría de congresos estatales; el dictamen pasa al Senado para su trámite final.
La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de aprobación de una reforma constitucional en materia de integración municipal, límites presupuestales y control de remuneraciones en órganos electorales, luego de obtener el respaldo de al menos 19 congresos estatales y de la Ciudad de México.
Durante la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que se alcanzó la mayoría requerida conforme al artículo 135 constitucional, por lo que el proyecto fue turnado al Senado para su proceso correspondiente.
Cambios en municipios y paridad de género
Entre los puntos centrales, la reforma al artículo 115 establece que los ayuntamientos deberán integrarse bajo criterios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género, además de precisar que estarán conformados por presidencia municipal, sindicatura y hasta 15 regidurías.
Tope al gasto legislativo estatal
En el artículo 116 se fija un límite al presupuesto de los congresos locales, el cual no podrá exceder el 0.70% del total del presupuesto estatal, con el objetivo de fortalecer la disciplina financiera y evitar incrementos desproporcionados en el gasto público.
Además, se establece que los presupuestos deberán ajustarse progresivamente y no podrán incrementarse por encima de la inflación en los próximos ejercicios fiscales.
Restricciones a prestaciones en órganos electorales
La reforma también impacta al artículo 134, al prohibir que consejeros electorales, magistrados y altos funcionarios de órganos electorales accedan a seguros privados, cajas de ahorro especiales o esquemas de retiro no contemplados en la ley.
Estas medidas buscan homologar criterios de austeridad en el uso de recursos públicos dentro de las instituciones electorales.
Ajustes y plazos de implementación
El régimen transitorio establece que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales deberán armonizar su marco jurídico a más tardar el 30 de mayo de 2026, mientras que los cambios presupuestales se aplicarán de manera progresiva en los siguientes años.
Asimismo, se indica que los recursos que se generen como ahorros deberán destinarse a infraestructura pública en beneficio de la población.
Debate abierto
Aunque la reforma busca fortalecer la equidad, la austeridad y la transparencia, especialistas advierten que su implementación requerirá ajustes operativos y vigilancia para evitar simulaciones o mecanismos que eludan los nuevos límites presupuestales.