Con 38 votos a favor, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidio, con el objetivo de homologar el tipo penal y sus sanciones en todo el país.
El dictamen —derivado de la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— establece en sus artículos transitorios que el Congreso contará con un plazo de 180 días naturales, tras la entrada en vigor de la reforma, para emitir dicha legislación.
Durante la discusión, el presidente de la Comisión, Leonel Godoy Rangel, calificó el proyecto como un avance significativo y anunció que será turnado a la Mesa Directiva para su programación legislativa.
La propuesta busca establecer un marco jurídico homogéneo que permita definir de manera uniforme el delito de feminicidio en todo el país, así como mejorar la coordinación institucional, fortalecer la investigación y reducir la impunidad en estos casos.
De acuerdo con el documento legislativo , las disposiciones actuales en la Federación y en las entidades federativas continuarán vigentes hasta que entre en operación la nueva ley general, la cual deberá incluir, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.
En el debate, legisladoras de distintas fuerzas políticas coincidieron en que se trata de un paso necesario, aunque insuficiente por sí solo. La diputada Julieta Vences (Morena) afirmó que la reforma responde a una deuda histórica con las mujeres, mientras que representantes del PAN y PRI señalaron que aún falta fortalecer a fiscalías, tribunales y mecanismos de investigación.
Asimismo, se hizo énfasis en que la homologación del delito permitirá cerrar vacíos legales y evitar criterios dispares entre estados, lo que actualmente dificulta el acceso a la justicia.
Datos expuestos en tribuna refieren que en 2025 se registraron más de 700 feminicidios en el país, aunque legisladores advirtieron que la cifra real podría ser mayor debido a casos que no se investigan bajo este tipo penal.
El dictamen también se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, en su eje de igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, y forma parte de una serie de reformas orientadas a garantizar una vida libre de violencia.
Pese al respaldo unánime, voces legislativas insistieron en que la efectividad de la reforma dependerá de su implementación, del fortalecimiento institucional y de la asignación de recursos suficientes para combatir este delito.