El diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena) aclaró que con las reformas para tipificar la defraudación fiscal como delincuencia organizada, no se pretende perseguir a contribuyentes, sino a empresas factureras que generan un grave daño al país.
La minuta que se turnó a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, plantea prisión preventiva oficiosa a los evasores fiscales que sean detectados haciendo operaciones simuladas por más de 8 millones de pesos y lo hagan con esa intención.
“No se pretende atacar a empresarios o personas físicas que tengan una actividad normal y que, en todo caso, si tienen alguna irregularidad fiscal, se les invitará a que se pongan al corriente, pero no se ejercerá la acción penal en contra de ellos, sino en contra de estas empresas que generan un grave daño al país”, dijo a la prensa.
Enfatizó que el tema va dirigido “muy claramente” a empresas factureras, a grupos criminales que se dedican sólo a hacer eso; existen alrededor de mil 500 empresas constituidas que realizan esta actividad ilícita.
Gutiérrez Luna indicó que actualmente ya se considera un delito; sin embargo, no amerita prisión preventiva y cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detecta irregularidades, se les otorga una garantía fiscal. “Y eso no puede ser, los delitos no pueden estar sujetos a pagar o no, quién comete un delito tiene que pagar y eso es lo que estamos haciendo”.
Explicó que los pequeños contribuyentes o empresas que por error o desconocimiento hagan uso de facturas apócrifas, habrá “muchos controles para determinar cuando alguien está cometiendo un delito, ya que tendrá que pasar por cuatro filtros”.
En este proceso intervienen cuatro instituciones que son: el SAT, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación, pues será un juez federal quien determine si hay delito o no.
Cuestionado sobre posibles modificaciones a la minuta que se prevé discutir la próxima semana en el Pleno, señaló que el Senado ya incorporó algunas observaciones presentadas en Parlamento Abierto, que se llevó a cabo en la cámara alta.
Destacó que se están reuniendo con diversos sectores interesados en el tema para ver de qué manera les pueden aclarar sus inquietudes, ya que consideró es más un problema de comunicación.
Sostuvo que ya recibieron al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), recibimos también a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Procurador Fiscal de la Federación, y vino también la titular del SAT.
“Lo que estamos viendo es de qué manera podemos aclarar o comentar con la ciudadanía, que éste no es un tema de persecución fiscal para las personas normales. Sí es un tema de persecución a delincuentes, sin duda y vamos contra ellos, pero no es un tema para todos los contribuyentes”, reiteró.
