Las reformas aprobadas recientemente en la Cámara de Diputados para regular las grasas hidrogenadas –grasas trans– en alimentos y bebidas no alcohólicas son muy relevantes, puesto que en México su consumo, según la Organización Mundial de Salud (OMS), provoca más de 13 mil decesos al año, afirmó el maestro Rafael Díaz García, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Con la reglamentación, el país se pone a la par de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Perú, Uruguay y Chile, puntualizó el profesor del Departamento de Atención de la Salud de la Unidad Xochimilco.
“Es satisfactorio que la aprobación haya sido por unanimidad, aunque el Congreso ya está actuando tarde, dado que este asunto fue discutido por el Senado en octubre de 2021 y la Comisión de Salud lo ratificó en marzo del año pasado, por lo que tardó once meses para que llegara a la tribuna del órgano legislativo”, puntualizó.
México tiene un problema muy serio de sobrepeso y obesidad, en el comparativo a nivel internacional ocupa el segundo lugar mundial, sólo después de Estados Unidos.
El texto señala que “los aceites y grasas comestibles, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas no podrán contener en su presentación para venta al público aceites parcialmente hidrogenados, conocidos como grasas trans, que hayan sido añadidos durante su producción industrial” y se establece que las bases de regulación dependerán de la Secretaría de Salud.
En entrevista, el especialista explicó que el artículo 126 bis dice que deben disminuirse dos por cada 100 gramos de ácidos grasos trans y que no pueden ser añadidos durante su elaboración industrial, si bien hay muchos alimentos que los contienen, éstos no son agregados, sino que están directamente en su composición.
Díaz García recordó que un grupo de académicos de diversas universidades, entre ellos de la UAM, “ya habíamos planteado hace diez años que se sistematizara el uso de las grasas trans e incluso enviamos una propuesta a la Cámara de Diputados, así que tardó una eternidad, pero finalmente se aprobó.”
En la elaboración de productos se agregan grasas trans porque son más económicas, se trata de ácidos palmíticos de origen vegetal que resultan menos costosos a nivel global.
“Seguramente como lo dijo el diputado Joaquín Zebadúa en su presentación en la Cámara, lloverán una cantidad de amparos contra esa adición a la Ley General de Salud para defender intereses económicos, pero sobre todo ello debe prevalecer el derecho a la salud, y el Estado debe vigilar que se regule el uso de estos aceites vegetales”, sostuvo el especialista Nutrición y control sanitario de los alimentos.
Existe evidencia científica de que los ácidos grasos trans generan cardiopatías, enfermedades cerebrovasculares y un alto número de accidentes cardiovasculares, además de que la OMS calcula que la ingesta de este tipo de grasas provoca 500 mil muertes al año en el mundo y más de 160 mil en América Latina.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación hará consultas, como sucedió con el etiquetado frontal octagonal, que aparece en los panecitos y golosinas; en esa ocasión hubo muchos juicios, pero finalmente se alcanzó el objetivo, lo cual fue un gran logro”, apuntó.
Dado que el consumo de sodio puede ocasionar hipertensión, que causa derrames cerebrales, consideró que las escuelas son espacios propicios para que el sector salud eduque a los alumnos y prohíba la venta de alimentos industrializados en ellas, “aunque vemos un comercio clandestino en dichos centros”.
El especialista en formación y mercado laboral de los licenciados en nutrición en México se pronunció por medidas a nivel federal para prohibir la venta total de estas mercancías en las cooperativas escolares y deben sumarse los refrescos y las bebidas azucaradas que están directamente relacionados con el sobrepeso y la obesidad.
“La parte educativa es fundamental para que la población sepa que ese tipo de productos generan cardiopatías y padecimientos que tienen que ver con un número importante de muertes por el consumo de las grasas trans”, agregó.
La Secretaría de Salud deberá vigilar que la industria acate esa nueva disposición, pues “no es un acuerdo del secretario, no es una norma oficial mexicana, es una incorporación a la Ley General de Salud, sólo está un rango debajo de nuestra Constitución, por lo que deberán establecerse las bases para la regulación”, finalizó.
