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La iniciativa contempla sanciones por aumentos ilegales, acompañamiento ante desalojos y protección para inquilinos y propietarios; todavía debe ser discutida por el Congreso capitalino.
Limitar las garantías exigidas para rentar una vivienda, ofrecer defensa jurídica gratuita y establecer acompañamiento social ante desalojos son algunas de las medidas que contempla la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, presentada ante el Congreso de la Ciudad de México.
La propuesta busca combatir abusos en el arrendamiento y proteger la permanencia de las familias en sus comunidades. Este 22 de octubre, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, detalló sus siete ejes y aseguró que no plantea congelar las rentas ni afectar la propiedad privada.
Aumentos de renta: el límite por inflación ya existe
Uno de los objetivos es fortalecer el cumplimiento del límite a los incrementos anuales del alquiler mediante instrumentos jurídicos y sanciones.
Ese límite no es una disposición nueva: desde la reforma publicada el 28 de agosto de 2024, el artículo 2448 D del Código Civil aplicable en la capital establece que el incremento no puede superar la inflación del año anterior. La nueva iniciativa plantea reforzar su aplicación.
El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, explicó que la propuesta tampoco busca imponer un precio único, sino establecer reglas claras y mecanismos para hacerlas cumplir.
Menos requisitos y una defensoría especializada
La iniciativa contempla una Carta de Derechos y Obligaciones para precisar las responsabilidades de ambas partes, impedir la discriminación y limitar la acumulación de requisitos para acceder a una vivienda.
Según la presentación gubernamental, se permitiría una garantía de cumplimiento, además del depósito previsto en el Código Civil, para evitar exigencias múltiples que dificulten el arrendamiento.
Otro eje es la creación de una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, adscrita a la Procuraduría Social, que ofrecería orientación, asesoría, mediación, conciliación y patrocinio jurídico gratuito.
De acuerdo con la consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, la instancia atendería tanto a arrendadores como a arrendatarios, con el propósito de resolver controversias antes de que escalen a procesos judiciales.
La propuesta también contempla contratos estables de al menos un año, un registro digital protegido y mecanismos para atender incumplimientos.
Acompañamiento ante desalojos
El proyecto incluye un Gabinete de Acompañamiento Social ante los Desalojos, que brindaría asistencia a familias que enfrenten resoluciones judiciales de desocupación.
El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, explicó que este órgano buscaría alternativas habitacionales, apoyos para renta y acceso a programas sociales, sin intervenir en las decisiones de los jueces.
También se plantea capacitar en derechos humanos al personal encargado de mudanzas y resguardo de pertenencias, así como apoyar a personas en situación de vulnerabilidad con el almacenamiento de sus enseres.
El objetivo expuesto por las autoridades es evitar diligencias violentas, pertenencias abandonadas en la vía pública y familias que deban pasar la noche en la calle.
Más vivienda asequible y seguimiento al mercado
Los ejes restantes incluyen ampliar la oferta de vivienda social y asequible, promover contratos multianuales mediante apoyos a propietarios y crear un Observatorio Público de Vivienda para dar seguimiento al mercado y apoyar la planeación.
Brugada llamó al Congreso capitalino a abrir la discusión con inquilinos, propietarios y otros sectores involucrados. Las medidas forman parte de una iniciativa y su presentación no significa que ya estén en vigor.