De acuerdo con el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del CIDE, se concentraron 2 mil 864.5 millones de pesos en instituciones bancarias y otros 2 mil 25 millones en organizaciones registradas como donatarias autorizadas ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
“En medio de la tragedia, existen tentaciones para lucrar con el dolor y la tragedia con el objetivo de obtener ventaja política ante un proceso electoral en curso. Es reprobable y mezquino que esas actitudes se presenten después de los lamentables acontecimientos de septiembre”, indicó la diputada federal.
El estudio presentado por el Centro señala que en la recaudación de fondos privados destacan las organizaciones de la sociedad civil, de las cuales sólo 358 de las 5211 reportaron acciones relacionadas con la emergencia; dos fideicomisos privados que recaudaron más de 410 millones de pesos: Fuerza México y el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México. Además, se reporta que las instituciones financieras alcanzaron una suma de 2 mil 864.5 millones de pesos.
“En vísperas de la instalación de la Comisión de Seguimiento a los Trabajos de Reconstrucción, el próximo martes, uno de los ejes a desarrollar de forma inmediata es la labor para transparentar el ejercicio de los recursos, así como la creación de mecanismos que acompañen a los trabajos que se pretenden emprender ante esta contingencia”, mencionó la integrante de la dicha Comisión.
Pese a que ninguna institución privada está obligada a presentar los planes de utilización y destino de los recursos, existen instancias que pueden darle seguimiento a través de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Servicios Financieros (CONDUSEF) y el Consejo Nacional de Protección Civil.
En el ámbito público se encuentran en operación seis fondos para desastres del ámbito federal con un administrador responsable y criterios públicos para definir a los beneficiarios. En cuanto al sector público a nivel estatal, existen seis fondos más; uno a nivel general llamado Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, creando en 2011 y cinco más pertenecientes a la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas.
“Desde el poder legislativo debemos exigir a las administraciones estatales y a la federal una recepción, utilización y destino eficaz y eficiente de los recursos destinados a reedificación de nuestro país. Nuestra tarea es reestablecer la normalidad de las actividades en las zonas afectadas y garantizar los derechos a la vivienda, al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación y a la seguridad de las personas damnificadas, reactivando el sector económico y productivo de los Estados que sufrieron daños”, finalizó Contreras Julián.