Ante la liberación de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quién había sido arrestado tras un operativo federal en Culiacán, organizaciones de la sociedad civil repudiaron el proceder del gobierno federal.
A través de una misiva, la organización Causa en Común, señaló que los hechos violentos ocurridos en Culiacán, el gobierno federal ha tergiversado lo sucedido y sentado un precedente ominoso en cuanto a su responsabilidad de salvaguardar el Estado de derecho en el país.
Asimismo, le exigió al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador el rectificar “definiciones supuestamente de seguridad, que están colocando en situaciones de altísima vulnerabilidad y riesgo a las instituciones y a los ciudadanos”.
De igual forma, criticaron las contradicciones del secretario Alfonso Durazo, quien señaló que en el operativo fallido, hubo deficiencias en la planificación del operativo e incluso, desconocer que se estaba efectuando.
La ONG consideró como grave que el secretario Durazo haya mencionado investigarían a los elementos por incurrir en posibles irregularidades.
“Es indignante que se pretenda culparlos. En todo caso, se debería investigar a la cadena de mando, lo que no resulta posible, cuando son los propios mandos los que de inicio rehúyen sus responsabilidades más primarias”, enfatizó.
Agregó que resulta “ofensiva la manera en que se trata de engañar, distraer y minimizar hechos que sientan un precedente inédito en cuanto a irresponsabilidad institucional. En cuanto al gabinete de seguridad, sí queda clara, además de las mentiras, una disyuntiva: o no conocen lo que sucede en sus áreas de responsabilidad y no pueden con el encargo, o sí lo saben y tampoco pueden con el encargo”.
Ante ello, la organización civil afirmó que “las vidas de las mexicanas y los mexicanos no se salvan con exhortos a la concordia, ni dando plazas a secuestradores, ni mucho menos liberando a líderes del crimen organizado que también secuestran comunidades”.
“Proponemos al gobierno que haga un alto en el camino, y que asuma su papel frente al crimen organizado que asola nuestro país, tal y como lo establecen las leyes que tienen la responsabilidad de cumplir y salvaguardar. El Estado mexicano puede y debe hacer uso de sus capacidades de inteligencia, de investigación y de operación, para cumplir con su obligación principal, que es cuidar a la ciudadanía. De no hacerlo, el país entrará en una espiral de ingobernabilidad de imprevisibles consecuencias”, subrayaron.
Por último, le hicieron un llamado al gobierno federal a que rectifiquen, “de hacerlo, estamos seguros que contarán con todo el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, y de todas las mexicanas y los mexicanos de bien”.
