El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Delgado Carrillo (Morena), señaló que el reto de la Cámara de Diputados será tener una nueva Ley General de Comunicación Social que dé soporte a la realidad que se vive. “Ya no podemos tener un marco legislativo que trate de sostener un modelo de comunicación y control político que ya se agotó”.
Al participar en el foro “Hacia una agenda legislativa en materia de comunicación pública”, el legislador enfatizó que se debe terminar con la idea de que el Estado es un ente que utiliza la propaganda como medio de comunicación política porque ya quedó completamente rebasado.
Estimó que en la nueva ley debe combinarse el derecho a la información, a la libertad de expresión y participación, democratizar los contenidos, poner un tope a la inversión que puede hacer el gobierno en materia de comunicación, promover los medios comunitarios, así como una estrategia de internet como vía de acceso y democratización a la información.
Afirmó que ya se trabaja para garantizar la democratización de los medios y adecuarse a la nueva realidad política, donde “gobernar ya no es comunicar a través de la propaganda, sino abrir los espacios a la comunicación y darle voz a los ciudadanos”. Anunció que próximamente plantearán ya alguna iniciativa en ese sentido, con la participación u opinión de quienes conforman el gobierno electo.
Refirió que se tiene la Ley General de Comunicación Social, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación emplazó al Legislativo, regulatoria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política, “pero se hizo bajo el criterio del modelo que se agotó el primero de julio”.
La actual ley lo que hace “es institucionalizar las malas prácticas, un sistema político perverso que compra líneas de comunicación, no atiende los problemas que supone la publicidad oficial para ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales y la asignación discrecional de recursos públicos millonarios”, continuó.
También, añadió, permite que las campañas de comunicación, en contra de lo que dice la Constitución, tengan como objetivo la difusión de los logros de gobiernos para promover figuras y sus partidos políticos. Asimismo, preocupa que no haya pluralismo ni apertura, sino que los recursos se dediquen a los medios con mayor rating sin que haya consideración a medios comunitarios y municipales.
Delgado Carrillo afirmó que el rubro de comunicación social en “esta administración ha tenido un grado de discrecionalidad de cien por ciento; hay una absoluta simulación entre lo que se envía a la Cámara de Diputados para que lo autorice y apruebe, y lo que finalmente se ejerce”.
Refirió que en este órgano legislativo se han aprobado en los distintos presupuestos públicos del 2013 al 2018, un total de 21 mil 400 millones de pesos (mdp) y se han ejercido al primer trimestre de 2018 en este mismo periodo 41 mil 950 mdp, es decir, casi cien por ciento entre lo que autoriza la Cámara y lo que finalmente ejerce el gobierno. “Eso no se corrige en la ley aprobada”.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Dolores Padierna Luna (Morena), se pronunció por un nuevo modelo de comunicación que logre la democratización del sistema de medios; no obstante, dijo, “esta no se alcanzará, sino transformamos la situación actual de despilfarro del dinero público dedicado a la publicidad de los gobernantes”.
Destacó la importancia de tener una verdadera ley de medios de comunicación, crear nuevos estatutos de autonomía, tener modelos eficaces y modernos, con el propósito de que haya una cobertura nacional que garantice el derecho a la información y, a través de ellos, se difunda la cultura y la educación.
Un pendiente, dijo, es lograr que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sea un organismo autónomo. Se requiere replantear las funciones de las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, y “no sean una ventanilla para el control político o para quitar o dar concesiones. Se necesita respetar los derechos de las audiencias”.
Actualmente, expresó, se tiene “un sistema de control político y presupuestal sobre los medios de comunicación y una simbiosis que afecta tanto la credibilidad de los medios como al propio manejo gubernamental”. Paralelamente, añadió, el exceso de recursos destinados a los medios privados, empobreció al sistema de medios públicos.
Mencionó que la administración federal que concluye, ha gastado más de 50 mil millones de pesos en la promoción de su gobierno, y a ello se le suma lo erogado por los gobernadores. Además, ese exceso de dinero público no mejoró la comunicación entre ciudadanos y gobernantes, ni mucho menos sirvió para optimizar la mala imagen que tiene la clase política y que fue severamente castigada el pasado primero de julio.
Los recursos del erario público, dijo, tampoco mejoraron la condición laboral y salarial de los reporteros y de todos los trabajadores de la información; al contrario, se convirtieron en multimedios por el mismo pago y, en los últimos diez años, la situación ha sido peligrosa para este gremio.
Padierna Luna afirmó que “esos recursos han servido para un control político y mediático, su distribución ha sido discrecional, no ha habido fiscalización, no hay sanciones y es un mero intercambio de favores”.
Indicó que el 33 por ciento de los recursos gastados en comunicación social se destinaron a la televisión; el 17.2 por ciento, a medios impresos; 16 por ciento, a la radio; 7 por ciento, al Internet; 1.2 por ciento, a medios internacionales, y el 22.5 por ciento -que implicó 2 mil 400 millones de pesos-, se destinó a propaganda vendida como información, “lo cual está prohibido en el apartado B del artículo sexto constitucional”.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena), reconoció que existe un marco jurídico sujeto a leyes, reglamentos, acuerdos y lineamientos emanados de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; sin embargo, consideró que existen posibilidades de reforzar esta composición legislativa sobre todo en lo referente a la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado y en general del Sistema de Medios Públicos.
La diputada organizadora del foro “Hacia una agenda legislativa en materia de Comunicación Pública”, expresó que el Senado de la República y la Cámara de Diputados participarán de modo responsable y democrático para que los medios de comunicación brinden un andamiaje legislativo que permita, si es necesario, un tipo de reconfiguración o reordenamiento que esté más acorde a las demandas intelectuales y tecnológicas.
Esta reunión, añadió, es el primer eslabón para construir una agenda incluyente, “la idea es escuchar todas las voces y que esta Cámara sea la mejor expresión de una Cámara de Diputados abierta, de una genuina casa del pueblo que sea receptiva y sensible a todas las causas de la sociedad”.
Puntualizó que es importante revisar, evaluar y analizar el papel de los medios de comunicación. “No hay ninguna duda de que este momento es muy importante para los medios de comunicación, es clave para la vida democrática del país”.
Huerta del Río se pronunció por homologar los sistemas existentes y romper con esa “monstruosa” verticalidad comunicativa que ha costado mucho dinero; además, “sabemos que en un contexto de construcción democrática, lo más importante, es que los medios de comunicación lo acompañen”.
Expresó que este proceso de cambio no se podría hacer de manera completa si no se cuentan con los medios adecuados para reflejar la nueva vida pública que ya no estará sesgada por el autoritarismo y la verticalidad que por tanto tiempo acompañó al país. “Vamos a cumplir el sueño, parece que ahora sí, nos tardamos 30 años o más, pero llegó el momento y caminaremos”.
Mencionó que este y otros foros que se realizarán de forma continua serán abiertos para diversos sectores, no solo para representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, habrá periodistas, académicos, productores, empresarios, la sociedad civil y organizaciones.
En su oportunidad, el periodista Jesús Ramírez Cuevas, designado coordinador de Comunicación Social de la próxima administración federal, subrayó que el Congreso está emplazado a recuperar la legitimidad perdida como auténtico representante de los ciudadanos y en esto, la comunicación juega un papel importante, ya que está obligado a comunicar a los ciudadanos el por qué, cómo se toman las decisiones, y de qué manera se hace el debate parlamentario.
Consideró que el fin de los medios públicos es brindar información y dar voz a los ciudadanos sin ningún interés político, de grupo o económico, por lo que se debe eliminar la “perversión” que existe de medios gubernamentales.
Señaló que se deben modernizar los procesos de comunicación pública para tener un verdadero sistema de medios públicos. Informó que en la Constitución de la Ciudad de México han quedado establecidas las bases del primer sistema de los medios públicos del país, en manos de los ciudadanos y de los informadores.
“Si logramos sentar las bases de este sistema público, estamos contribuyendo a la vida democrática de este país con un contrapeso real del interés público sobre el interés político y los intereses económicos, y se salvaguarden los derechos ciudadanos y el servicio público de la información”, consideró.
Afirmó que es importante tener claro que el cambio que vive el país se debió a la irrupción de la sociedad en el debate público. Es un fenómeno que no se va a ir, por lo que se tiene que profundizar en su conocimiento, análisis y en el impacto que tendrá en el cambio de comportamiento de los actores políticos.
“Esta irrupción de las redes sociales, de las plataformas digitales y el desplazamiento de la televisión y la radio como elementos centrales de la formación de la opinión pública, ya tiene repercusiones y el más importante es la composición de la Cámara de Diputados y el surgimiento de un nuevo gobierno que ha cuestionado el modelo predominante actual”.
Subrayó que en este proceso de cambio social hay una mayor participación de los ciudadanos, más actitud crítica sobre los actores de la escena pública, hay vigilancia permanente de los procesos legislativos, en este caso de los procesos políticos, de los mensajes y sobre todo de la comunicación y estrategias.
Opinó que el fracaso de la forma de comunicación del poder público a través de la publicidad y de la mercadotecnia vacía ha demostrado su ineficacia con el resultado del primero de julio.
Entonces, no basta sólo la técnica y el establecimiento de estrategias publicitarias, “ahora tenemos que construir formas de comunicación más democráticas, integradoras, bidireccionales o multidireccionales, y el discurso, la visión y comunicación tienen que construirse en diálogo permanente con los actores y la ciudadanía”.
El senador Salomón Jara Cruz (Morena) señaló la importancia de la comunicación como producto de los resultados históricos del 1 de julio, el cual ha permitido iniciar un proceso de democratización de los medios, los cuales han hecho público el abandono de las causas sociales por parte de la política, los actos de corrupción e impunidad, además de dimensionar la inseguridad del país.
Expresó que los medios tradicionales tienen un gran deterioro frente a la sociedad debido al uso discriminado de la defensa de los intereses de las grandes corporaciones, de fomentar la desinformación e inhibir la conciencia social.
Ante este panorama, explicó la necesidad de garantizar el acceso de toda la población a una información verídica, objetiva y masiva que permita la concientización de la sociedad, por lo que se requiere impulsar una legislación regulatoria basada en la conectividad y acceso al Internet como una forma de democratizar la participación social.
Además, se necesita generar una revisión de la Ley de Publicidad Gubernamental, a fin de transparentar los recursos de la comunicación pública para reducir la enorme cantidad de dinero que se va a las grandes cadenas para promover la imagen de los servidores públicos. Asimismo, fortalecer la autonomía del IFT, incrementar la cobertura de la radio, televisión y diferentes medios de comunicación en apoyo a la participación social, garantizar y aumentar las radios indígenas, comunitarias en todas las lenguas.
También, convertir al Canal del Congreso en un medio social, público que sea un conducto de información precisa y actualizada para que deje de ser una acartonada difusora de la sesión y sea una emisión recreativa y periodística; sin embargo, añadió que lo fundamental es garantizar la participación social, es decir, “legislar con la gente”.
