El gobierno de México reviró a los fabricantes de armas de Estados Unidos, quienes negaron que existan prácticas de negocio negligentes”, ante lo cual la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió que no está en contra del tráfico de armamento, sino que busca un comercio responsable y advirtió que en el litigio se probarán las acusaciones.
“Esta demanda no está en contra del comercio de armas, lo que busca un comercio responsable en donde si en verdad las empresas demandadas se rigieran por la ley, tendrían prácticas comerciales más estrictas”, señaló la cancillería a través de un comunicado.
Asimismo, la SRE aseguró que probará que las empresas demandadas por el gobierno mexicano, sí incurren en prácticas ilícitas y negligentes.
“La Corte conocerá los hechos y las evidencias, no los mensajes superficiales que pretenden legitimar su enriquecimiento desmedido a costa de la muerte de cientos de personas” dijo.
México interpuso este miércoles una demanda contra grandes fabricantes de armas de EUA en una corte federal de Boston, denunciando un comercio que alienta el contrabando y la violencia del narcotráfico en su territorio.
“Casi todas las armas recuperadas en las escenas del crimen en México —entre 70% y 90% de ellas— fueron traficadas desde Estados Unidos. Los Demandados incluyen a los seis fabricantes basados en Estados Unidos, cuyas armas se recuperan con más frecuencia en México —Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger. Otro fabricante demandado es Barrett, cuyo rifle de francotirador de calibre .50 es un arma de guerra apreciada por los cárteles de la droga. El acusado restante —Interstate Arms— es un mayorista del área de Boston, a través del cual todos los fabricantes demandados, excepto uno, venden sus armas para su reventa a vendedores de armas en todo Estados Unidos.” apuntó la cancillería.
Asimismo, aseguró que los involucrados y la industria tratarán de deslindarse de su responsabilidad en el tráfico ilícito de armas y de los daños que estas ocasionan.
En el documento, destacó que los demandados producen más del 68% de esas armas traficadas de origen estadounidense, lo que significa que anualmente venden más de 340 mil armas, las cuales fluyen de sus plantas en Massachusetts y otros estados de EUA hacia criminales al sur de la frontera.
México insistió en que lo que se busca es un comercio responsable donde las empresas demandadas tengan prácticas comerciales más estrictas para:
- Abstenerse de anunciar entre la población civil, armas de alto poder para fines militares.
- Sancionar a distribuidores y vendedores que violan la ley estadounidense.
- Cooperar con las autoridades estadounidenses para identificar la ruta que siguieron en la cadena comercial, armas utilizadas en delitos en México. Esta información podría beneficiar a la investigación y procuración de justicia.
- No dirigir su publicidad a grupos delictivos
La Fundación Nacional de Tiro Deportivo (NSSF, por sus siglas en inglés) rechazó que se cometan “prácticas de negocio negligentes” y culpó a los cárteles mexicanos por la violencia que existe en el país.
Lawrence G. Keane, vicepresidente Senior y Asesor Jurídico de NSSF, refirió que el gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras.
