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Los rezagos en primera infancia atraviesan la salud, la educación y las condiciones de vida en México: 41.9 por ciento de las niñas y niños menores de seis años vivía en pobreza en 2024, mientras la educación inicial escolarizada alcanzó apenas a 3.6 por ciento de los menores de tres años durante el ciclo 2023-2024.
El estudio La primera infancia no puede esperar. Del diagnóstico al cambio sistémico, elaborado por Promotora Social México (PSM) y el Pacto por la Primera Infancia (PPI), advierte que las desigualdades territoriales, la fragmentación institucional y el financiamiento insuficiente obstaculizan el ejercicio de derechos durante los primeros años de vida.
“Este estudio nos ayuda a ver con claridad dónde podemos sumar esfuerzos para mejorar la vida de niñas y niños”, afirmó Gustavo Payán Luna, director de Estrategia y Evidencia de Impacto Sistémico de Promotora Social México, en los comentarios difundidos con motivo de la presentación del diagnóstico.
La investigación reúne estadísticas de distintos años y fuentes, entrevistas con especialistas y ejercicios de participación. A partir de ese análisis propone 11 áreas estratégicas de intervención, con una visión de transformación hacia 2036.
Pobreza y desigualdad desde los primeros años
El diagnóstico muestra diferencias profundas según el lugar de residencia. Con datos de 2024, señala que 79 por ciento de los menores de seis años en Chiapas vivía en pobreza, seguido de Guerrero, con 72.4 por ciento; Oaxaca, con 63.5 por ciento; Puebla, con 59 por ciento, y Veracruz, con 57 por ciento.
Aunque el documento reconoce una reducción de la pobreza entre 2018 y 2024, advierte que la pobreza extrema no presentó una disminución de magnitud similar. En 2024, 8.8 por ciento de esta población se encontraba en pobreza extrema.
Además, 19.3 por ciento de las niñas y niños menores de seis años presentaba carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda, una condición que añade obstáculos para crecer en entornos adecuados.
Acceso a salud mejora, pero persisten carencias
La carencia por acceso a servicios de salud afectó a 37.75 por ciento de la primera infancia en 2024. Aunque disminuyó frente al 45.86 por ciento registrado en 2022, permaneció por encima del 17.6 por ciento de 2018.
El estudio señala que los promedios nacionales ocultan desigualdades entre territorios y grupos de población, particularmente en comunidades rurales y entre niñas y niños hablantes de lenguas indígenas.
En vacunación, los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021-2023 retomados por el documento muestran que 45.6 por ciento de los menores de un año tenía su esquema completo.
La nutrición presenta otro desafío: el texto reporta una prevalencia de desnutrición crónica cercana al 14 por ciento entre menores de cinco años, con información de 2020-2023. Paralelamente, señala que 7.7 por ciento presentaba sobrepeso u obesidad.
En lactancia materna, 34.2 por ciento de los bebés menores de seis meses recibió alimentación exclusiva con leche materna, según la Ensanut 2021-2023 citada en el análisis.
Educación inicial con cobertura limitada
La baja cobertura educativa comienza antes del preescolar. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Educación Pública recuperadas por el estudio, la educación inicial escolarizada no alcanzó al cuatro por ciento de los menores de tres años en ninguno de los ciclos comprendidos entre 2019-2020 y 2023-2024.
Al considerar tanto la modalidad escolarizada como la no escolarizada, el documento cita información de Mejoredu según la cual 10.2 por ciento de los menores de tres años accedió a programas de educación inicial durante 2023.
En preescolar, la cobertura entre niñas y niños de tres a cinco años fue de 67.6 por ciento durante el ciclo 2023-2024.
El diagnóstico plantea ampliar los servicios, asegurar su calidad, fortalecer la preparación del personal y adaptar la atención a las características de cada comunidad.
Violencia y vacíos de protección
En materia de protección, el estudio retoma datos de la Ensanut 2021-2023 que indican que 50.4 por ciento de las niñas y niños de uno a cuatro años fue sometido a métodos de disciplina violenta.
La investigación identifica la violencia en el hogar, las deficiencias en los mecanismos de protección y las dificultades de acceso a la justicia como barreras para garantizar entornos seguros.
También advierte vacíos de información sobre grupos como hijas e hijos de personas jornaleras agrícolas y familias en movilidad humana. Esa falta de datos dificulta dimensionar sus necesidades y diseñar respuestas pertinentes.
Payán Luna llama a construir respuestas con evidencia
Frente a este panorama, Gustavo Payán Luna destacó la necesidad de aprovechar los avances existentes y articular la participación de distintos sectores.
“Los 11 puntos de palanca parten de lo que el país ya ha logrado y buscan que gobierno, sociedad civil, sector privado y familias sigamos construyendo juntos, con base en evidencia”, señaló.
Las propuestas del estudio incluyen fortalecer la coordinación institucional, armonizar las leyes, asegurar financiamiento con enfoque de derechos, integrar un sistema nacional de información y mejorar la formación y las condiciones laborales del personal.
También plantean reconocer socialmente la importancia de la primera infancia, ofrecer servicios integrales y culturalmente pertinentes, fortalecer salud y nutrición, reducir desigualdades territoriales, ampliar educación y cuidados, y garantizar entornos seguros.
Para elaborar el análisis se realizaron 24 entrevistas semiestructuradas con especialistas y se recibió una respuesta por escrito, además de revisión documental y mesas de trabajo.
Presupuesto crece sin continuidad suficiente
El estudio reconoce aumentos en los recursos destinados a primera infancia, pero cuestiona su continuidad y prioridad dentro del gasto público.
Entre 2018 y 2025, los recursos orientados a esta población aumentaron 80 por ciento en términos nominales y 30 por ciento en términos reales, de acuerdo con los análisis presupuestales citados. Como proporción del Producto Interno Bruto, pasaron de 0.47 a 0.60 por ciento.
Sin embargo, el diagnóstico señala que los incrementos no fueron sostenidos ni progresivos, pues hubo contracciones en distintos años.
La propuesta central es vincular presupuesto, servicios y responsabilidades institucionales para sostener la atención durante los primeros seis años de vida y reducir la dependencia de las oportunidades infantiles respecto del lugar de nacimiento y las condiciones económicas familiares.