Diputados cuestionaron al titular de la SHCP, José Antonio González Anaya, sobre la deuda pública federal, de estados y municipios; la reforma hacendaria y evasión fiscal; fideicomisos; crisis financieras en universidades públicas; transparencia en uso de recursos y gasto superior a lo presupuestado.
Estos temas figuraron en la primera de tres rondas de preguntas de los legisladores al secretario de Hacienda y Crédito Público, quien compareció este miércoles ante el Pleno de la Cámara de Diputados, en el marco del análisis del sexto y último informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
La diputada Sandra González Castañeda (Morena) indicó que, según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los últimos cinco años la evasión fiscal en México ha alcanzado el 5.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y se ha identificado a 70 mil empresas fantasma que han facturado alrededor de 900 mil millones de pesos.
Reprobó que funcionarios del Estado, a través de sus instituciones, “empleen lagunas procesales de la legislación fiscal, de manera facciosa y delictiva, en contrataciones de servicios y operaciones inexistentes”, por lo que pidió informar sobre acciones implementadas por la dependencia al respecto.
González Anaya aseguró que la SHCP ha actuado en el ámbito de sus competencias para proveer la información fiscal y de manejo de recursos, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera en varios casos y se han interpuesto las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República (PGR).
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (PAN) dijo que el gobierno federal “más corrupto e ineficiente” ejerció un Presupuesto de Egresos mayor al aprobado por la Cámara de Diputados y “al libre arbitrio” decidió qué programas llevar a cabo utilizando discrecionalmente los recursos públicos.
“Si esta Cámara tiene la facultad exclusiva de aprobar anualmente el presupuesto, por qué violaron la Constitución al no atender el mandato de esta Cámara en cuanto al uso y destino de los recursos presupuestarios. Como dato, en 2017 se les aprobaron 4.8 billones y gastaron más de 5.2 billones, 400 mil millones de pesos”, cuestionó.
El funcionario afirmó que el ejercicio del presupuesto se llevó a cabo con apego a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y explicó que en ocasiones el gasto es por encima de lo aprobado, pero está normado en dicha legislación. Refirió que los excedentes generados por el cobro de derechos o servicios tienen un destino específico.
El diputado Fernando Galindo Favela (PRI) solicitó al titular de la SHCP exponer las medidas para transparentar información pública presupuestaria a la ciudadanía, ya que “necesitan saber de modo detallado, la distribución, el uso y destino de los recursos públicos”.
El secretario manifestó que el compromiso de este gobierno ha sido “tener un presupuesto más trasparente”, por lo que se buscó avanzar en la materia y se implementaron ocho nuevas plataformas (digitales) para monitorear el ejercicio de los recursos, desde proyectos de obras públicas hasta el desempeño de los programas sociales.
La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (PES) expresó su preocupación por la deuda subnacional en el país, la cual, dijo, aumentó 32 por ciento y precisó que el saldo de la deuda a entidades y municipios es de 570 mil millones de pesos, y no se supervisa de la misma manera que la deuda nacional.
“¿Hasta qué punto la deuda de los estados debería ser una preocupación y representa un foco de alerta como riesgo macroeconómico para las finanzas del país?”, preguntó.
González Anaya comentó que en materia de deuda subnacional está en una trayectoria sostenible e incluso, “hay noticias alentadoras” porque como porcentaje del PIB disminuyó de 3.1 a 2.6 por ciento.
El diputado Alfredo Femat Bañuelos (PT) requirió al titular de la SCHP que dé cuenta de la situación de 10 universidades públicas estatales que presentan insuficiencia financiera y que las tiene al borde de un conflicto. Advirtió que de no atenderse la situación dejarán sin clases a casi 600 mil jóvenes.
Señaló que año con año el presupuesto destinado a estas instituciones educativas no satisface las necesidades de los mismos y se han apoyado con recursos extraordinarios no regularizables y expuso que mientras hay universidades que por alumno, reciben anualmente, hasta 107 mil pesos, hay otras, como las estatales, que reciben 38 mil pesos.
El funcionario afirmó que “es un tema complejo” en el que no sólo interviene la situación del dinero, sino la cuestión estructural, la cual debe enfrentarse en conjunto con la Secretaria de Educación Pública (SEP) y los gobiernos estatales, por lo que manifestó su disposición para dialogar.
La diputada Fabiola Loya Hernández (MC) sostuvo que los fideicomisos son “sinónimos de opacidad, carentes de rendición de cuentas”, pues, según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), estas figuras no cumplen con las obligaciones de transparencia, no definen claramente su objetivo y no permiten identificar a la población atendida.
“La operación de los fideicomisos constituye actualmente a una caja negra, pues menos del 10 por ciento cuentan con controles de vigilancia”, apuntó.
González Anaya refirió que toda la información relacionada con los fideicomisos es de carácter público y se encuentra disponible en los sitios de internet correspondientes y enfatizó que hasta junio, se reportaron 338 fideicomisos, que tienen en su totalidad 731 mil millones de pesos, sin estructura orgánica a cargo de dependencias y entidades.
El diputado Raymundo García Gutiérrez (PRD) preguntó al funcionario la razón por la que, a cinco años de la implementación de la reforma hacendaria, solo se ha beneficiado a las grandes empresa sobre los pequeños contribuyentes y qué medidas ha implementado SHCP para combatir la evasión fiscal de las denominadas “empresas fantasma” y la operación irregular de las outsourcing.
González Anaya sostuvo que la reforma hacendaria permitió reducir la informalidad, diversificar los ingresos y la dependencia de los ingresos petroleros, ya que se aumentaron los contribuyentes de 41 millones a casi 70 millones, y las grandes empresas pasaron de contribuir con cerca del 87 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en 2014, al 91 por ciento, actualmente.
Agregó que se ha trabajado en combatir los esquemas irregulares de outsourcing y las denominadas “empresas fantasma”, y se ha logrado recaudar 1.2 miles de millones de pesos e identificado a 15 mil personas que han recibido ingresos mayores a los tres millones de pesos, que no entraron en el pago de impuestos.
El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) expresó su preocupación por los niveles de la deuda pública del país y solicitó al funcionario dé cuenta sobre la verdadera situación de ésta y qué indicadores son muestra “de que no se encuentra fuera de control”, como lo afirma el actual gobierno.
González Anaya indicó que la deuda del país asciende a 10.2 billones de pesos y se encuentra en niveles “sostenibles, razonables y con trayectoria hacia delante”, ya que luego de “llegar a su máximo histórico en el 2016 de casi 49 puntos del PIB, sí ha disminuido” y se estima que para cerrar el año sea “cerca de 45 por ciento”.
Consideró que “la situación de deuda es buena…pues la mayor parte, el 76 por ciento, es en moneda nacional, el vencimiento promedio es de más de ocho años y la mayor parte está en tasa fija”.
