La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la empresa Fibra Uno que desarrolla la Torre Mítikah será sancionada con alrededor de 25 millones de pesos por la tala de 54 árboles que se ubicaban en Real de Mayorazgo y reiteró que la firma actúo dolo.
“Por razones jurídicas medio ambiente hasta después notifica a la empresa la ilegalidad y en este momento se está preparando una multa administrativa que evalúa los daños, hasta el momento es de más de 25 millones de pesos esta multa administrativa, es decir, se está preparando”, dijo en conferencia de prensa.
Ahora la empresa será nuevamente convocada para revisar todas las medidas de mitigación y en estas reuniones serán involucrados los vecinos para que ayuden a establecerlos.
Sigue #EnVivo la #ConferenciaMatutina de la #JefaDeGobierno y @SEDEMA_CDMX https://t.co/FQaS0wl8pf
— Gobierno CDMX (@GobCDMX) 9 de mayo de 2019
Expuso que el Código Penal de la Ciudad de México, de procedimientos de la Ciudad de México establece como delito penal y administrativo la tala ilegal de árboles.
Recordó que no tiene autorización porque la propia desarrolladora le presentó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda una solicitud para modificar la Torre dos y esa modificación la hizo a través de un oficio que entro por oficialía de partes.
“Es totalmente ilegal pero con ello hacen saber a la autoridad que van a construir, adicionalmente, ahora les digo cuantos metros cuadrados adicionales, 16 mil metros cuadrados adicionales”, dijo la mandataria local.
De esta manera modificaban en más de 10 mil metros cuadrados su construcción, por lo era necesario presentar un nuevo impacto ambiental y nuevo impacto urbano.
“Entonces que quede claro, como lo dijimos al principio, la fase 2 que representaba otras 2 torres de 35 pisos no la tienen autorizada”, sostuvo.
Precisó que la Secretaría de Movilidad el día 24 de abril de 2019 notificó a la directora general de impacto ambiental y a su vez al desarrollador que no está autorizado el paso a desnivel.
Un historial de irregularidades
Al darse a conocer la denuncia de vecinos en torno a la poda de 58 árboles, los desarrolladores aseguraron contar con el permiso correspondiente y estar en constante comunicación con las autoridades.
Sin embargo, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que la se realizó cuando aún no concluían las mesas de trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente para revisar el tema de impacto ambiental.
Esta no es la primera vez que la empresa Fibra Uno, responsable del Megaproyecto de Mítikah, se encuentra en una situación similar, en agosto de 2018 la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fedapur), de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México realizó una inspección en las instalaciones de la Torre Mítikah a fin de corroborar posibles delitos ambientales.
Sin embargo, momentos después el gobierno capitalino –a cargo en ese entonces por José Ramón Amieva- aseguró que se trataba de una inspección para corroborar lo que se ha señalado en diversos medios de comunicación y lo que pudieran acontecimientos que puedan ser constitutivos de un delito ambiental.
Unos días antes, vecinos de la alcaldía Benito Juárez realizaron una manifestación para denunciar que con la obra ubicada en Real de Mayorazgo, colonia Xoco, se corre el riesgo de reducir de manera considerable la cantidad de agua disponible para los vecinos, así como afectaciones a la vialidad, tomando en cuenta que las calles cercanas a la torre son muy estrechas.
En ese momento, la empresa respondió en un comunicado que “desde el inicio de obras ha mantenido un canal de comunicación y retroalimentación permanente con los vecinos del Pueblo de Xoco”, cosa que los habitantes negaron.
En diciembre de 2017 se otorgó el permiso para continuar con la construcción de la denominada “torre más alta del mundo” a pesar de que las autoridades locales habían acordado parar obras tras los sismos de septiembre.
Aprueban punto de acuerdo para evitar otro caso de opacidad
El diputado por Morena, Ricardo Ruiz, presentó un punto de acuerdo para que las dependencias del gobierno mantengan los canales de diálogo con las desarrolladoras inmobiliarias para priorizar el interés colectivo frente a los intereses particulares en los proyectos inmobiliarios.
En el caso de Mítikah propuso además que se incluya a la población para que den su opinión en torno a las afectaciones que les provocan las obras.
“No puede haber ningún acto de impunidad referente a estos desarrollos” sostuvo a la vez que aclaró que no se está en contra del desarrollo inmobiliario siempre y cuando se encuentre en la legalidad.