La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 423 votos reformas a los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de perfeccionar el marco electoral y ampliar la certeza jurídica de los gobernados incorporando a los servidores públicos como sujetos obligados a cumplir las disposiciones electorales.
En lo particular, avaló con 407 votos la reserva al artículo 457 presentada por el diputado Marcos Aguilar Vega (PAN) y suscrita por los legisladores Pablo Gómez (Morena), Ricardo Aguilar Castillo (PRI) y Martha Tagle (MC).
La propuesta de Aguilar Vega elimina del citado artículo las palabras “obligatoriamente” y “presentará”, porque, consideró, no son necesarias para garantizar que no vaya a terminar en impunidad esta reforma.
“Para evitar la saturación del Ministerio Público, hemos adoptado eliminar ese supuesto para dejar intocado el artículo 457 y con eso, los elementos del 456 permitan que esta reforma logre su propósito para sancionar a los malos servidores públicos de la nación”, afirmó.
El dictamen de la Comisión de Gobernación y Población enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, modifica los artículos 456 y 457 del citado ordenamiento, cita que se incorpora a los servidores públicos al catálogo de sujetos que pueden ser acreedores a una sanción por violación a las leyes electorales, así como prever las sanciones correspondientes.
Establece que sin menoscabo, de las sanciones electorales que se impongan podrán estar sujetos a responsabilidades administrativas y penales, y en el caso de estas últimas, será obligatorio presentar las denuncias o querellas conducentes ante el agente del Ministerio Público.
Puntualiza que las penas van de hasta cinco mil unidades de medida y actualización; tratándose del uso de recursos públicos para la presión o coacción a los electores a efecto de inducir el sentido del voto, con multa de entre cinco mil y diez mil unidades de medida y actualización.
En caso de reincidencia, con multa que constituya el doble de la multa originalmente impuesta, señala.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Rocío Barrera Badillo (Morena) refirió que los cambios a la ley fortalecerán las acciones que promuevan la cultura de la legalidad en el servicio público, al hacer efectivamente sancionables, aquellas conductas no sólo contrarias a la ética y honestidad que deben distinguir el actuar de todo funcionario, sino las que resulten de manera verificada en violaciones abiertas.
“Se busca que los servidores públicos mantengan principios de honestidad, integridad e imparcialidad”.
La norma electoral prevé en la actualidad un mecanismo de imposición de responsabilidades ya superado en otros ordenamientos, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues dispone que la imposición de tales sanciones depende exclusivamente del superior jerárquico del servidor público que comete la infracción.
Agregó que las sanciones aplicadas hoy en día son exiguas y en muchos casos no trascienden más que en una amonestación pública, y en otros, se aplican criterios de oportunidad para no sancionar.
De la misma fracción parlamentaria, el diputado Pabló Gómez Álvarez, afirmó: el proyecto tiene el propósito de dejar atrás una impunidad inscrita en las leyes que este año cumplirá 30 de haber sido introducida en la legislación electoral.
“Queremos dejar atrás uno de los peores sistemas electorales que puede haber en un país en el mundo. Repartir impunidades desde la Ley Electoral, es la peor cosa que se puede hacer, y sin embargo se hizo. Esto ha sido parte de un sistema político. No es una cosa que ocurrió por equivocación, sino que estas reglas fueron mandadas a hacer”.
“Si en algo nos pudimos unir, es en la tarea de desmontar la simulación, los privilegios e impunidades. Hagámoslo como lo podemos hacer, el día de hoy la nación y la República nos lo habrán de reconocer”.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (PAN) recordó que en la discusión en Comisión, su fracción parlamentaria votó en contra; no obstante afirmó que votarán a favor porque se fortalecerá la democracia.
“En Acción Nacional estamos convencidos que los recursos públicos jamás deben verse inmiscuidos en una campaña política. Que el electorado debe ejercer su voto en total libertad. Que cualquier presión al electorado debe ser sancionada y tratándose de un servidor público con mayor razón”.
Del PRI, el diputado Ricardo Aguilar Castillo, mencionó que votarán a favor porque se crea un nuevo mecanismo de sanción que fortalece los principios fundamentales de la democracia.
Porque establece un sistema de blindaje electoral que busca garantizar la libertad del voto, endurece el sistema de responsabilidades y genera una mayor certeza. “Debemos garantizar procesos electorales transparentes y equitativos, para que sean los mexicanos quienes elijan de manera libre a sus gobernantes”.
El legislador Eudoxio Morales Flores (PES) manifestó que su fracción parlamentaria fortalecerá el sistema electoral donde impere la ética, equidad, legalidad e imparcialidad para que las elecciones sean libres, auténticas y democráticas, donde la responsabilidad de los servidores públicos sea salvaguardar en todo momento la neutralidad de los procesos electorales.
“Acompañamos la reforma porque estamos de acuerdo con incorporar a los servidores públicos al catálogo de sujetos que puedan ser acreedores a una sanción por trasgredir las leyes electorales, particularmente el que hacen uso de los recursos públicos”.
Del PT el diputado Santiago González Soto destacó que por muchos años la sociedad demandó a las autoridades realizar procesos electorales limpios, imparciales y sujetos a lo que la norma electoral establecía.
Ante ello, el gobierno federal asume el pleno compromiso de mantenerse en una clara neutralidad política a efecto de que quien resulte ganador en una contienda electoral lo sea porque convenció al pueblo con su propuesta política, y no porque se hayan volcado los recursos del Estado en favor de dicho candidato.
“En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo proponemos que efectivamente todos los votos sean libremente emitidos y que cuenten y se cuenten bien. Sin lugar a dudas contribuiremos a perfeccionar nuestro sistema democrático”.
La legisladora Carmen Julia Prudencio López (MC), puntualizó que votarán a favor porque la salvaguarda de los derechos político-electorales son de suma importancia para una adecuada democratización de los procesos electorales.
Consideró que toda ley debe actualizarse constantemente para corregir errores que contienen y esto es precisamente lo que se hace con este dictamen. “Dejamos en claro que en mi grupo parlamentario apoyaremos toda reforma que perfeccione el marco jurídico nacional venga de quien venga”.
Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) afirmó que votarían a favor porque es un avance que logra una verdadera equidad en la contienda y busca que el INE tenga facultades para sancionar a los servidores públicos. “Que sirva esta reforma para abrir el debate sobre la equidad en la contienda y los mecanismos para garantizarla. Debatamos sobre los recursos públicos que recibe un partido, pero también de la forma en que gasta el INE”.
Recordó que nunca en la historia del país se ha sancionado el uso de recursos públicos con fines electorales, ni en materia administrativa, ni en penal. Es obligación de la asamblea crear el marco normativo necesario para tener procesos electorales con más certeza, alejados de la polémica y de omisiones de la autoridad en busca de que los resultados los legitimen.
La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) se congratuló por la aprobación del dictamen porque abonará a erradicar que los recursos públicos se usen de manera insalubre.
“El PRD se une con la convicción de construir una democracia real, transparente para que la ciudadanía tenga esa garantía”, subrayó.
Para hablar a favor subió a tribuna la diputada Ana Ruth García Grande (PT), y consideró que es importante diseñar un andamiaje institucional que le dé blindaje especial a ese sufragio, que ha sido objeto en etapas muy específicas y hechos muy deleznables, de una falta absoluta de respeto por parte de los servidores públicos, donde se coacciona de diversas formas el otorgamiento de recursos de programas a cambio del voto.
En el mismo sentido, la legisladora Martha Tagle (MC), dijo que gracias a la impunidad en esta materia llegan a ocupar cargo personas que han cometido delitos electorales; entonces, cómo se puede esperar que gobiernen de manera correcta cuando han utilizado medios que no son legales para ese espacio. Con la reforma se sancionará a los funcionarios públicos que incurran en estas conductas.
El diputado Humberto Pérez Bernabé (Morena) mencionó que está claro que el dictamen pretende acabar con la corrupción en el ámbito electoral. “No queremos más elecciones de Estado. Esta Legislatura marca una gran diferencia en el reclamo justo que por décadas ha sido negado y que fue para proteger y encubrir por años a servidores públicos corruptos y deshonestos, donde jamás se actuó en contra de nadie. El buen juez por su casa empieza”.
El legislador Benjamín Robles Montoya (PT) puntualizó que el dictamen es relevante para la democracia porque obliga a quienes buscan el respaldo popular a hacer bien las cosas y sanciona la participación indebida del aparato burocrático que pone en grave riesgo la equidad que debe caracterizar a cualquier elección.
Del PES, la diputada Elba Lorena Torres Díaz, comentó que es importante garantizar el principio de imparcialidad con la finalidad de que los recursos públicos de los programas sociales sean utilizados con fines partidistas y los servidores públicos se abstengan de acudir a reuniones partidistas o de apoyo a candidatos por lo menos durante su jornada laboral. Esta reforma fortalece el procedimiento de sancionar a servidores públicos.
El legislador Valentín Reyes López (Morena) puntualizó: “Nunca más corrupción y coacción del voto. Nunca más el uso indebido del poder y de los recursos públicos en favor de un partido. Queremos hacer realidad la expresión de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. Porque si esto sigue sucediendo habrá siempre injerencias arbitrarias que tengan el atrevimiento de afectar la voluntad popular que se deposita en las urnas. Debemos revalorizar la ética, responsabilidad y compromiso de los servidores públicos, a fin de que no intervengan de modo alguno en las elecciones.
