La Comisión de Radio y Televisión que preside la diputada Lia Limón García (PVEM), aprobó reformas a distintos ordenamientos legales para castigar con pena de hasta seis años de prisión y un máximo de 300 días de multa, y la inhabilitación para obtener una concesión, a quien preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin la autorización correspondiente.
La modificación, aprobada por 11 votos a favor y tres en contra, adiciona un Capítulo I Ter, con un artículo 172 Ter del Libro Segundo del Código Penal Federal y precisa que quien use, aproveche o explote bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico o recursos orbitales sin contar con autorización o concesión, se le impondrá prisión de dos a seis años.
Se aplicarán multas de 100 a 300 días y procederá el decomiso de instrumentos, objetos o producto del delito, cualquiera que sea su naturaleza.
Agrega un párrafo segundo al artículo 304 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que personas sancionadas por prestar servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin una autorización, serán inhabilitadas para obtener, por sí o por medio de otra persona, una concesión por un plazo de cinco años.
Limón García aseguró que estas modificaciones no atentan contra la libertad de expresión; aclaró que no deben confundirse las radios pirata con las comunitarias, debido a que estas últimas sí están reguladas en la sección 3ª de la ley antes mencionada.
Planteó la posibilidad de revisar los requisitos para otorgar una concesión de radio comunitaria que facilite e impulse estaciones con fines sociales que operen en el marco de la ley.
La diputada María Verónica Agundis Estrada, del PAN, secretaria de la Comisión, pidió revisar cuáles son los medios públicos y radios comunitarias que están funcionando bien y bajo qué esquemas, ya que no pueden comercializar tiempos por el tipo de concesión asignada.
“Últimamente ha habido un abuso, hoy cualquier persona compra un trasmisor de 20 mil pesos con el argumento de que va a tener una labor social y te dice que no está comercializando, que está haciendo menciones solamente”.
El diputado Benjamín Medrano Quezada (PRI), secretario de la Comisión y proponente de la iniciativa, explicó que el Código Penal Federal no tiene la figura del robo del espectro. “No debe imperar en el país la ilegalidad; hay concesionarios que pagan un título y su renovación cada año, que pagan impuestos y seguro social, y tienen personal”.
Aclaró que no es lo mismo para personas que transmiten por Internet, ya que no están reguladas y no existe prohibición en la ley, pero en caso de usar el espectro perteneciente al Estado, estos deberán contar con el documento que lo avale, ya sea gratuito o pagado.
De la misma fracción parlamentaria, el diputado José Del Pilar Córdova Hernández pidió aclarar cómo o en qué sentido van los días de multa que se aplicarán al o los infractores.
De Movimiento Ciudadano, el diputado Rene Cervera García, secretario de la Comisión, señaló que ambas modificaciones van en la idea de aportar a la legalidad de la operación de los distintos actores del campo de telecomunicaciones en el país. Respecto de las radios comunitarias, pidió buscar la mejor manera de salvaguardar sus derechos para que no se vean afectadas por esta reforma.
El diputado Miguel Ángel Ramírez Ponce (PRI) aseguró que existen casos de radios comunitarias que hacen negocio, por lo que “no vamos a defender lo indefendible”. En Oaxaca y Chiapas hay emisoras que usan el medio para malinformar.
Propuso que grupos radiofónicos ya establecidos abran espacios al aire a talentos locales; antes de sancionar a los infractores se les avise que están cometiendo un delito, ya que en muchas ocasiones son usadas para impulsar talento artístico.
El diputado de Morena, Virgilio Caballero Pedraza, se manifestó en contra del dictamen ya que viola el artículo 7 de la Constitución Política. “La propuesta es que se castigue a quienes operen sin permisos algún recurso de carácter comunicacional, es decir, se incluye implícitamente a las radios comunitarias que hay en el país y que son cientos”.
“Las convierte en delincuentes, al grado que se les impondría de 2 a 6 años de prisión y decomiso de los instrumentos para comunicar; estamos ante un derecho categórico que tienen las comunidades”, aseguró el secretario de la comisión.
Del PRD y secretario de la Comisión, el diputado Sergio López Sánchez, se pronunció en contra, ya que consideró debía discutirse en comisiones unidas con la de Justicia. “Debemos dejar este tema pendiente y no trasgredir facultades de otra comisión”.