La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Sistema de administración Tributaria (SAT), ambas de la Secretaría de Hacienda, investigan transferencias millonarias de recursos de empresas consideradas ‘fantasma’ a los despachos del presidente de la Comisión Política del PAN, diputado federal y exsecretario de Gobernación, Santiago Creel y el de su hijo Santiago Creel Garza-Ríos. De acuerdo a un reportaje publicado por Contralínea, ambos personajes y seis despachos de abogados con los que tienen relación están en investigación, pues han recibido recursos de 36 empresas presuntamente identificadas como factureras por las autoridades y que están asentadas en su mayoría en Zapopan, Jalisco, y en Bahía de Banderas, Nayarit, donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación.Miguel Badillo, autor de la investigación, aseguró que esta se basa en información de la UIF, el SAT y la Fiscalía General de la República y destacó que Creel, quien en enero pidió establecer un diálogo con el gobierno federal y hoy se reunió con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, “al mismo tiempo que se sienta a negociar con el gobierno (pero) está siendo investigado” por él. En la revista y en sus redes sociales, la publicación expuso que al centro de la investigación está la empresa “Suma de Capacidades S.C.”, creada por Creel Miranda y su primo Alejandro Creel Covián y Rodrigo Ortiz Zavala. Es una “empresa concentradora de recursos de empresas factureras”, pues éstas entregan fondos a despachos de abogados y estos despachos canalizan recursos a Suma de Capacidades. De esta empresa, Creel Miranda ha recibido 80 millones de pesos de 2015 a 2018 y también de ahí se entregaron 4.1 millones de pesos a Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, hoy en investigaciones por supuestamente recibir sobornos de Pemex para apoyar la reforma energética del sexenio pasado y autoexiliado en Estados Unidos. Antes de la publicación, Creel Miranda y Creel Garza-Ríos fueron consultados, pero sólo el primero respondió y básicamente expuso que todas las asesorías y servicios prestados se contratan con personas legalmente constituidas e identificables, y todas las operaciones se realizan vía el sistema financiero para acreditar la licitud del dinero, además de que están acreditados los pagos de impuestos derivados de los pagos. El panista dijo a la revista que no tiene conocimiento de investigación alguna en su contra, “nunca he tenido problemas con la ley, ni con las autoridades” y sobre la supuesta recepción de recursos de factureras aseguró “si alguien ha hecho una mención de esa naturaleza por estar desinformado o por mala fe han sido desmentidas por ser absolutamente falsas, lo que aquí ratifico”.Empero, Badillo dijo –en una conversación vía YouTube–, que la información oficial y recibos de las transferencias bancarias comprueban las operaciones y vínculos relatados, aunque admitió desconocer en qué fase de investigación está la Fiscalía General de la República (FGR) o si ya se llamó a declarar a algunos. Explicó que uno de los socios del panista Creel, Rodrigo Ortiz Zavala, es representante legal de 66 empresas con domicilio en Durango 263, colonia Roma, entre ellas la empresa Naveste, que recibió 173 millones de pesos de 2018 a 2021 y sólo gastó 2 millones de pesos. El despacho Rincón Mayorga Román Abogados Litigantes es el que dio más recursos, 26.1 millones de pesos a Suma de Capacidades. Y tres abogados de ese despacho recibieron el dinero de factureras: Hochhaus, Ingeniería Proyectos y Tratamientos Ecológicos de Residuales y Comercializadora Avelino. Ese misma firma de abogados recibió 798 millones de pesos del Fondo Nacional de Turismo de Colombia, “no creo que por servicios litigantes, es demasiado”, dijo Badillo. “Debemos imaginar que paga (el despacho) asesorías o no sé que están pagando” a Suma de Capacidades. En el reportaje también se detalla que otras factureras, como Inmobiliaria Gonasa, entregó 16 millones de pesos a Miguel Ángel González Pestellini Laparelli del despacho GPL Abogados, mismo que entregó 3.4 millones a Suma de Capacidades. Suma de Capacidades también recibió recursos, 12.9 millones de pesos, del despacho Aguilar Sierra y Asociados, del exrepresentante del PAN ante el INE, Eduardo Aguilar. Badillo aseguró que al hijo Creel Garza lo ve más emproblemado, pues las factureras le hicieron depósitos a él y a sus socios, y una sola operación es de más de 800 millones de pesos regresados a la red de factureras. Además, tiene como socio a un abogado que representan a 66 empresas en un solo domicilio fiscal en la colonia Roma. “Algunos despachos pasan de ser abogados a ser cómplices y es lo que está investigando la UIF, el SAT y la FGR”. “Es una madeja de despachos asociados, no dudo que haya gente honorable, pero lo que se tiene que explicar es toda esta red de factureras que están entregando millones de millones de pesos a estos despachos y montos muy altos”.
El periodista dijo que en los tres años transcurridos de la indagatoria “se investigó a la familia de Santiago Creel” para saber si también recibieron dinero pero no, “sólo a su hijo abogado”, Santiago Creel Garza Ríos. En él “es más claro el dinero que recibió de factureras, 32 millones de pesos de 2016 a 2018 y además de ser socio de Creel Rodríguez y Abogados asesora a las empresas Cannabisa, a Corporativo BMV, a CLS Offshore y a cadena de bares Colmillo’, relató. De tres factureras recibió en total 19.2 millones de pesos, estas firmas fantasma son Barentsa 12.6 de Servicios Administrativos Zenith 1.7 millones de pesos, Gimenn 4.9 millones de pesos. En tanto, los cuatro abogados socios de Creel hijo recibieron 25.4 millones de pesos de una red de factureras, Sebastián Rodríguez –quien es el operador del exgobernador de Tabasco Jaime Sabines- Miguel Ángel López e Iván Daniel Nicolás Marín. Incluso, explicó que el socio Miguel Ángel López Sánchez es asesor de la empresa Consultores Especializados Killer, que es una facturera “que maneja dinero de dudosa procedencia”, según el SAT y esa empresa entregó a la red facturera 814 millones de pesos. Es decir, “no solamente las empresas factureras a los despachos de abogados, algunas regresan dinero o lo triangulan” y eso está probado con transferencias bancarias, según Badillo.
