En un videocomunicado difundido esta noche, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron su decisión de aceptar el recorte salarial anunciado por el futuro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Admiten que el país enfrenta retos profundos en lo económico, lo político y lo social y el Poder Judicial no es ajeno a estos retos, por lo que debe plantearse una reorientación en algunas de sus estrategias y en algunas de sus acciones que permitan ejercer sus funciones con una mayor eficiencia, eficacia, racionalidad y particularmente austeridad.
Advierten que lo harán de manera que no se comprometa la independencia y la autonomía de los órganos jurisdiccionales, que se constituyen como uno de los pilares fundamentales en la estabilidad democrática del país.
En el video comunicado advierten que se ha instruido a las unidades administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que elabore los respectivos proyectos de presupuesto de egresos para el ejercicio del 2019, que deberán someterse a la aprobación de los plenos correspondientes bajo las siguientes directrices:
1.- Revisar la política de inversión pública en materia de bienes, servicios y obras a fin de sólo ejercer recursos públicos en aquellos rubros que se sean estrictamente indispensables para garantizar el desarrollo y la continuidad de las funciones constitucionales que tiene encomendadas del Poder Judicial de la Federación por disposición de la Constitución y de la ley, disminuyendo gastos no prioritarios como pueden ser la compra de vehículos, remodelaciones, mobiliario, o equipamiento en general, entre otros duros.
2.- Revisar la política en materia de servicios al personal con el fin de disminuir los gastos en congresos, convenciones, ceremonias, viáticos, subsidios, gasolina actividades culturales y deportivas así como apoyos económicos en general no indispensables para la adecuada impartición de justicia.
3.- Profundizar en la política de racionalidad, disciplina ahorro que se han instrumentado en los últimos años que no impida cumplir con las obligaciones que en la labor sustancial imponen el marco constitucional y legal que rige el servicio de impartición de justicia Federal en beneficio de la población.
Al tomar estas acciones, sin comprometer la independencia y autonomía jurisdiccional, se logrará obtener un ahorro importante que podría ser reorientado conforme a las directrices y valoraciones que hagan los poderes de la unión competentes.
Señalan que el Poder Judicial de la Federación, como resultado de reforzar su tradicional política de austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto, se encuentra en posibilidad de contribuir a las finanzas públicas nacionales, como se ha venido haciendo, mediante no sólo la planeación de presupuesto razonables y adecuados sino del reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos económicos generados por ahorros y economías presupuestales una vez cumplidos los objetivos institucionales como se hizo el año pasado, 2017, con motivo de los daños causados por los sismos de septiembre en el que el poder judicial de la Federación en sus tres entidades pudo aportar 2100 millones de pesos para apoyar la reconstrucción de quienes hayan sido afectados por dichos eventos de la naturaleza.
Todo ello con el propósito de que el Estado mexicano Los oriente a los bienes públicos que más convengan al interés nacional y desde luego al pueblo de México.
https://youtu.be/gjyvgbYW6Ec
