Ante la llegada al país de la fase 3 de la pandemia de COVID-19, la más crítica, la Junta de Coordinación Política acordadó lo siguiente:
• Que para hacer frente a los efectos más graves de la pandemia es necesaria la plena coordinación entre el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los ayuntamientos para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomen las acciones que sean necesarias para hacer un frente común en el que el centro de sus decisiones sea salvar el mayor número de vidas.
• Que las decisiones tienen que estar sustentadas, además, en las evidencias científicas y en las mejores prácticas tanto internacionales como nacionales, en las que también haya estrecha colaboración de todos los sectores productivos y sociales del país.
• Que estas medidas tienen que privilegiar la coordinación, la prevención, el control y la información oportuna a la población para que, de manera consciente, la sociedad asuma la corresponsabilidad necesaria, y se tomen medidas especiales de protección de las personas, especialmente de aquellas que están en condición de vulnerabilidad actual o latente.
• Que las medidas administrativas y sanitarias de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México y de los ayuntamientos del país deben seguir como parámetro mínimo indispensable la ruta que ha establecido y que dicte el Consejo de Salubridad General, respetando además la concurrencia en la materia de salud y otras que corresponden a los distintos órdenes de gobierno.
• Que no obstante que algunas disposiciones de la autoridad sanitaria tienen carácter de obligatorio, toda autoridad está obligada a respetar y proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución federal y las Constituciones locales y que en este caso cobra especial importancia el principio de proporcionalidad, por lo que, en ningún caso, dichas medidas pueden implicar suspensión o violación de derechos humanos.
• Que las medidas administrativas y sanitarias en lo subsecuente, además de proteger la salud, deben asegurar en todo momento la seguridad, el acceso a bienes y servicios básicos para proteger la vida y la alimentación de todas las personas, proteger las finanzas de las familias mexicanas y al mismo tiempo reducir los efectos económicos y sociales de la pandemia.