Todo llamado a cambiar el esquema de financiamiento público a los partidos políticos y que no pase por una reforma a la Constitución, por más noble que pareciere, es demagogia. Para ello, la bancada de Encuentro Social planteó una propuesta en tiempo y forma, pero la falta de voluntad política de los grupos parlamentarios la atoró, afirmó el diputado Alejandro González Murillo, coordinador de los legisladores federales del Partido Encuentro Social (PES).
Ante la propuesta que hicieran líderes de otros grupos políticos, sobre destinar parte dinero del financiamiento público a partidos políticos para labores de ayuda humanitaria que mitiguen los estragos de sismos y huracanes, el diputado explicó que siempre se debe considerar la legalidad y constitucionalidad de los actos que realicen partidos e instituciones políticas.
“Si el líder de alguna fuerza política hace gala de su desconocimiento y desprecio por las leyes y las instituciones, allá él. Lo que no es correcto es exhibir oportunismo político y engañar a la gente. Llamar a inobservar la legalidad no debería ser tan rentable políticamente”, precisó.
Sin embargo, lo anterior no significa que no existan maneras legales de modificar el destino de los recursos del financiamiento alternativas dentro del marco del Estado de Derecho. “La bancada a mi cargo hace casi un año propuso cero pesos del erario público para los partidos políticos”, recordó.
“Nuestro origen y vocación ciudadanas nos hicieron recoger la indignación ética de la gente ante el dispendio de recursos destinados a los partidos que hoy, ante la tragedia humana, se vuelve más ofensivo”, explicó.
El 26 de septiembre del 2016, el GPPES hizo una propuesta para eliminar de tajo el financiamiento, con dinero público, a los partidos políticos, cuestión que “hoy día tanto indigna justamente a la gente”. Sin embargo, la propuesta terminó en la congeladora de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, refirió González Murillo.
El coordinador de los diputados de Encuentro Social explicó los requisitos específicos que debe cumplir una reforma constitucional en temas electorales y de partidos. El artículo 41 constitucional, en sus incisos A, B y C, dicta cómo debe ser el financiamiento público a los partidos políticos para sus actividades ordinarias, de difusión y para campañas electorales.
Asimismo, el artículo 105, fracción II, estipula que las leyes en materia electoral deberán ser promulgadas y publicadas 90 días antes de que inicie el proceso electoral y durante el proceso electoral no podrá haber modificaciones sustanciales a la legislación. Esto cobra relevancia toda vez que el 8 de septiembre pasado arrancó el proceso electoral 2018.
González Murillo refirió que la propuesta de su bancada se hizo con tiempo suficiente, en observancia con la Carta Magna. Sin embargo, fue la falta de voluntad política que demostraron los partidos mayoritarios en San Lázaro la que estancó la propuesta, los mismos partidos “que hoy se llaman a sorpresa”, dijo.
No obstante, aún es posible realizar modificaciones legales que permitan una reforma como la planteada por Encuentro Social. “Aunque sea una medida de coyuntura y técnicamente desaseada, es posible sacar esa reforma al 105 y, por lo mismo, al 41. Existe un criterio de la Corte que dice, con razón, que la constitución no puede ser inconstitucional”, explicó.
En todo caso, “el problema será para operar una reforma así, tomando en cuenta que el proceso electoral de 2018 será inédito: 30 elecciones van a converger”, abundó.
Alejandro González aprovechó para enfatizar: “Como padre de familia, como ciudadano, como diputado y como coordinador del Grupo Parlamentario de Encuentro Social en la Cámara de Diputados, expreso mis condolencias y solidaridad a la gente que perdió personas y bienes en el sismo del 19 de septiembre; comparto y hago mío su dolor”.
