La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental, trabaja con cinco comunidades indígenas y tres locales para fortalecer la implementación nacional del Protocolo de Nagoya.
Se les apoya en el proceso de facilitación y asesoría para que cada localidad desarrolle su Protocolo Comunitario Bicultural (PCB), en donde son los pueblos indígenas y las comunidades locales quienes definen los mecanismos de protección, gestión y uso sustentable de sus recursos genéticos y sus conocimientos tradicionales asociados a éstos, así como los esquemas de distribución de beneficios que potencialmente resulten de su utilización.
Hoy cuentan con su PCB las comunidades de Ek Balam, en Yucatán; San José de los Laureles, en Morelos; Isla Yunuen, en Michoacán; Calpulálpam de Méndez, en Oaxaca; Punta Chueca y Desemboque, en Sonora, pertenecientes a los pueblos Maya, Náhuatl, Purépecha, Zapoteca y Seri, respectivamente; así como en las comunidades locales del Ejido Charape La Joya, en Querétaro; y de Mesón Viejo y Chiltepec de Hidalgo, en el Estado de México.
Los PBC son un elemento del proyecto dirigido a la creación de capacidades en los sectores relacionados con la conservación, la investigación y la utilización de los recursos genéticos mexicanos. Así mismo, se ha capacitado a 676 personas con miras a la implementación nacional del Protocolo de Nagoya, entre ellos 400 funcionarios de las Delegaciones Federales de SEMARNAT, SAGARPA, CONANP, CDI e IMPI de la Región Sur, Noreste, Noroeste y Centro, en los estados de Yucatán, Jalisco, Guanajuato, y la Ciudad de México. Además, se capacitó a 120 investigadores y científicos de las redes CONACYT sobre la implementación del Protocolo de Nagoya y su esquema simplificado para las actividades de investigación.
Este proyecto recibió financiamiento del Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) por 2.5 millones de dólares a ejercerse en 36 meses a partir del primer trimestre de 2017. La agencia implementadora y administradora de estos fondos es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Su implementación coadyuva al cumplimiento de distintos compromisos internacionales, incluyendo el Plan Estratégico 2011-2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en especial la Meta 16 de Aichi, así como las metas 2.5 y 15.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.